El gobierno del presidente Donald Trump anunció el lunes que eliminará en enero de 2019 un estatus migratorio temporal que ampara a 5.000 nicaragüenses residentes en Estados Unidos desde hace casi dos décadas, y que postergará hasta julio una decisión definitiva sobre este beneficio para 86.000 hondureños.
La secretaria interina de Seguridad Nacional, Elaine Duke, concluyó que el beneficio _conocido por sus siglas en inglés como TPS_ ya no es necesario en Nicaragua. La funcionaria concedió 12 meses adicionales de vigencia al programa, hasta enero de 2019, para permitirle a los 5.000 nicaragüenses explorar alternativas para ajustar su estatus migratorio o planificar el regreso a casa, mientras que a Nicaragua le serviría para preparar la acogida de sus connacionales.
Duke postergó una decisión definitiva sobre Honduras para analizar información adicional, por lo que la vigencia del beneficio se extiende automáticamente seis meses, hasta julio de 2018.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS por sus siglas en inglés) formuló el anuncio el lunes, 60 días antes de que expirara el 5 de enero la protección para Honduras y Nicaragua, que obtuvieron el TPS en 1999 debido a los destrozos causados por el huracán Mitch un año antes.
La oficina investigadora del Congreso estadounidense dijo este mes que las autoridades prevén que solo 57.000 hondureños y 2.550 nicaragüenses habrían gestionado la extensión del beneficio.
El TPS para unos 260.000 salvadoreños, el grupo más numeroso de todos los beneficiarios, vence en marzo.
La protección migratoria temporal actualmente incluye a 435.000 nacionales de nueve países afectados por conflictos o desastres naturales, que residían en Estados Unidos –de manera legal o ilegal– en el momento en que sus países recibieron la designación. Si bien el estatus fue concebido como una solución temporal, fue renovado durante los gobiernos de George W. Bush y Barack Obama por temor de que esos países no pudieran acoger a tanta gente.
Desde que llegó a la Casa Blanca, el gobierno de Trump eliminó la protección para Sudán y concedió a 60.000 haitianos una extensión de solo seis meses y no los 18 habituales desde el devastador terremoto de 2010.
Duke dijo el lunes que Nicaragua no solicitó una extensión del TPS, pero Honduras y El Salvador han cabildeado intensamente a favor de extenderlo, advirtiendo que un retorno repentino de grupos tan numerosos complicaría la meta de mejorar la calidad de vida en sus países, lo que a su vez podría incrementar el flujo migratorio ilegal hacia Estados Unidos.
Partidarios de extender el TPS alegan que su eliminación afectará la vida de familias plenamente integradas a la sociedad estadounidense.
El presidente de la bancada demócrata en la cámara baja Joe Crowley criticó la decisión del DHS por considerarla “cruel y sin sentido” y la describió como “un intento del presidente Trump para continuar complaciendo a las voces más extremistas del Partido Republicano”.
Cuatro representantes del sur de Florida presentaron la semana pasada un proyecto de ley bipartidista que busca conceder la residencia permanente a los nicaragüenses, hondureños, salvadoreños y haitianos con TPS.
Otro grupo de representantes demócratas de Nueva York y California presentó también la semana pasada una propuesta similar, según la cual aquellos beneficiarios de TPS durante más de tres años podrían optar a la naturalización sin salir del país.
