Por Emili J. Blasco – abc.es
Estados Unidos ha alertado de la posibilidad de que China pueda en el futuro utilizar como base militar el puerto de La Unión, en El Salvador, cuya explotación comercial podría quedar en manos chinas de acuerdo con supuestos planes de licitación por parte del Gobierno salvadoreño. La embajadora estadounidense en el país, Jean Manes, advirtió el pasado 9 de julio que «es alarmante la estrategia de expansión que China tiene en la región, no solo económicamente, sino también militarmente».
Manes desveló que recientemente el Departamento de Estado norteamericano ha reunido a sus embajadores en Centroamérica y el Caribe para exponerles su «preocupación» por la creciente influencia de China en un área considerada crítica para la seguridad de EE.UU.
Ya en febrero el Pentágono se refirió a la creciente presencia de China en Centroamérica, mencionando expresamente a Panamá, donde empresas chinas están construyendo o gestionando terminales portuarias en los extremos del canal. Esta es la primera vez, sin embargo, que un alto cargo de EE.UU. atribuye explícitamente intenciones militares a algunos de esos movimientos de Pekín.
El Gobierno salvadoreño de la antigua guerrilla marxista del FMLN está considerando la concesión del puerto de La Unión, en el Golfo de Fonseca –la zona del Pacífico donde convergen las fronteras marítimas de El Salvador, Honduras y Nicaragua–, a algún operador internacional. Los trámites están aún en un estadio muy preliminar, pero China parece ser el socio preferido en medios gubernamentales.
La concesión se produciría posiblemente en el marco de una zona económica especial para el área suroriental del país, de la que formaría parte el puerto de La Unión. La creación de esa zona especial, regulada con exenciones fiscales, se encuentra en trámite parlamentario, después de que el Gobierno presentara el anteproyecto de ley el pasado 5 de julio.
Sospechas
Desde la oposición, Mauricio Vargas, del partido ARENA, defiende que se busquen soluciones para La Unión, pues sus instalaciones, construidas en 2008 con un crédito de 100 millones de dólares otorgado por Japón, no han logrado apenas actividad y suponen un gasto de 25 millones de dólares anuales de mantenimiento. No obstante, Vargas lamenta que el FMLN esté llevando este asunto con «poca transparencia».
Vargas estima que es imposible que el interés económico sea el prioritario en un proyecto como el de La Unión para una superpotencia como China. «Lo que hay ahí es un interés geopolítico, pensando en el medio y largo plazo: el objetivo de China de inmiscuirse en el área de seguridad de Estados Unidos», afirma.
Vargas ve difícil que legalmente pueda pasarse del uso comercial del puerto a un uso militar. Recuerda que en 1917 hubo una sentencia de la Corte Centroamericana de Justicia contra una disposición del tratado Bryan-Chamorro firmado tres años antes por Estados Unidos y Nicaragua, por el que este último país cedía «el derecho de establecer, operar y mantener una base naval en cualquier lugar del territorio de Nicaragua bañado por el golfo de Fonseca, que el Gobierno de Estados Unidos elija». La Corte, atendiendo a la objeción presentada entonces por El Salvador, consideró que parte de las aguas interiores de Fonseca son compartidas por los tres países ribereños del golfo y ninguno de ellos podía hacer una concesión de ese tipo a un tercer país sin consentimiento de los otros.
En cualquier caso, el diputado de ARENA expresa desconfianza hacia el plan del Gobierno en relación a la zona económica especial en la que podría estar incluida la concesión portuaria a China. «Cuando el FMLN no cree en la libre empresa, resulta que de la noche a la mañana se convierte en supercapitalista, con un proyecto que prevé no cobrar el IRPF ni el IVA a las empresas que se instalen allí», comenta.
Desde el FMLN se ha criticado que EE.UU. intente sembrar sospechas acerca de una base militar china en Centroamérica, cuando los estadounidenses tienen un base aérea en Honduras y disponen en El Salvador de una estación de radares para el monitoreo de actividades de narcotráfico. «Ellos tienen miedo a un expansionismo militar, pero Estados Unidos tiene bases militares por toda América Latina; aquí hay una base antinarcóticos. No hay de qué preocuparse», declaró la diputada Nidia Díaz a los medios salvadoreños. Díaz invitó a Washington a desvelar información de inteligencia que pueda tener sobre esas supuestas intenciones militares chinas. «Si hay algo más que la inteligencia les dé a ellos… No sé en qué lo basan. Yo hasta este día no conozco una base de China en esta región».
¿Financiación electoral?
Arnoldo Jiménez, en nombre de la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP) estima que está faltando transparencia en el proyecto, especialmente en las relaciones con las autoridades chinas. La ANEP cree que la zona económica especial no atraerá inversiones por sí misma y que el Gobierno tiene que modificar sus políticas contrarias a la actividad empresarial, como la falta de agilidad en los trámites aduaneros. En relación a China, Jiménez recuerda cómo inversiones chinas en otros países han supuesto endeudamiento, corrupción y escaso auge laboral.
Dados los precedentes de dinero bajo la mesa en concesiones de grandes infraestructuras a China, hay voces en El Salvador que advierten de que el «secretismo» de las negociaciones con Pekín podría esconder una supuesta financiación irregular de la campaña electoral del FMLN del próximo año. El Gobierno, por su parte, niega falta de transparencia.
Un acuerdo de este tipo con China podría ir de acompañado del establecimiento de plenas relaciones diplomáticas con ese país, rompiendo las que están vigentes con Taiwán. Hasta hace unos pocos años, Centroamérica era la única región del mundo en la que sus integrantes seguían reconociendo diplomáticamente a Taiwán frente a China. Poco después de acceder al poder en 2009, el FMLN consideró la posibilidad de romper las relaciones con Taipéi, pero finalmente no lo hizo.
