La embajada de Estados Unidos en El Salvador emitió el lunes una alerta de seguridad nivel 3 a los viajeros y recomienda reconsiderar las visitas al país debido a que el crimen violento continúa siendo una preocupación en amplias partes del país.
“Las autoridades locales pueden carecer de recursos para responder efectivamente a incidentes criminales graves, aunque la concentración de los recursos en áreas turísticas significa que estas áreas tienen a contar con mayor presencia policial que las áreas urbanas”, recoge el comunicado de la embajada estadounidense en Santa Elena.
Reconoce que “se ha dado una reducción importante en la actividad relacionada con las pandillas”, pero el crimen sigue presente en amplias zonas. “Las áreas con mayores índices delincuenciales a menudo están localizadas muy cerca de áreas de menor delincuencia o deben cruzarse para moverse entre áreas de menor riesgo”, justifica la advertencia a turistas interesando en visitar El Salvador.
Además, recuerda que el país está en estado de excepción, lo que “suspende varios derechos constitucionales, que incluyen las protecciones normales de los procedimientos penales tales como el derecho a un proceso sin demora”.
En su alerta de seguridad, la embajada advierte de que “numerosos ciudadanos estadounidenses y otros extranjeros han sido detenidos bajo el Estado de Excepción, algunos de una manera supuestamente arbitraria” y de que “las condiciones carcelarias son duras”.
La sede diplomática no proporciona información de los ciudadanos estadounidenses detenidos, pero en abril de 2022 Yonny Alcides Lobos Diaz, de 42 años, y un adolescente de 17, quienes residen legalmente en Estados Unidos, fueron capturados durante una redada policial. Trascendió que horas después fueron liberados.
Advierten de que las autoridades salvadoreñas, sin previo aviso, pueden restringir el paso a ciertas zonas por medio de puntos de control en donde se sospeche que hay actividad de las pandillas y, en consecuencia, informa a los ciudadanos estadounidenses de que el acceso y la libertad de movimiento dentro de estas áreas puede ser limitado.
Durante el régimen de excepción, que cumplirá un año el 27 de marzo y que ha sido duramente criticado por vulnerar derechos humanos por colectivos de derechos humanos, las autoridades dicen haber capturado a 65.291 personas acusadas de ser miembros o colaboradores de las pandillas.
De estas, 3.745 personas fueron liberadas después debido a que no se pudo establecer un verdadero vínculo con estas estructuras criminales. Hay más de 57.000 con prisión provisional decretada por un juez, pero sin condena.
