El Departamento de Justicia (DOJ) presentó una queja formal en contra del juez federal de distrito, James Boasberg, por haberse opuesto a la deportación de inmigrantes que el gobierno de Donald Trump pretendía, con el objetivo de que sea investigado y remitido a las medidas disciplinarias correspondientes.
En marzo, la Administración Trump envió a 238 inmigrantes venezolanos a El Salvador, donde fueron ingresados a la prisión de máxima seguridad conocida como Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT).
El argumento empleado fue que los sudamericanos pertenecían a la pandilla Tren de Aragua, organización delictiva calificada por el gobierno estadounidense como terrorista.
Días más tarde, James Boasberg, magistrado de la Corte de Distrito de Washington, D.C., emitió una opinión donde establecía que el gobierno del presidente Donald Trump podría haber caído en “desacato penal”, sobre la aplicación de la Ley de Enemigos Extranjeros, utilizada para la deportación de venezolanos a El Salvador.
“El Tribunal no llega a tal conclusión a la ligera ni precipitadamente; de hecho, ha dado a los demandados amplia oportunidad para rectificar o explicar sus acciones. Ninguna de sus respuestas ha sido satisfactoria”, escribió.
Posteriormente, el sitio The Federalist señaló que durante una reunión de la Conferencia Judicial llevada a cabo el11 de marzo, el magistrado de 61 años mencionó estar preocupado de “que la Administración ignorara los fallos de los tribunales federales, lo cual llevaría a una crisis constitucional”.
En respuesta a las opiniones emitidas por Boasberg, a través de una denuncia de cinco páginas, Chad Mizelle, jefe de gabinete del DOJ, exige que el juez en cuestión sea sancionado por emitir críticas sin fundamento contra el gobierno.
“Las acciones del juez Boasberg han dañado la integridad y la confianza pública en la integridad del poder judicial”, escribió.
La solicitud de castigo fue enviada a Sri Srinivasan, juez presidente del Tribunal de Apelaciones para el Circuito del Distrito de Columbia, y quien está facultado para hacerla efectiva, desestimarla o incluso para designar a un comité encargado de aplicar una nueva amonestación.
El objetivo prioritario del DOJ es lograr que Boasberg sea retirado de inmediato del caso relacionado con las deportaciones respaldadas bajo la Ley de Enemigos Extranjeros.
