El director General de la Policía Nacional Civil (PNC), Mauricio Arriaza Chicas y el ministro de Trabajo, Rolando Castro, cuestionaron la jerarquía jurisdiccional del Fiscal General de la República (FGR), Raul Melara, luego que uno lo llamó a actuar “con profesionalismo, responsabilidad y buenas intenciones” , mientras que el otro lo acusó de estar aplicando una justicia selectiva “Tener el monopolio de la investigación no debería ser a quién proceso y a quién protejo», le dijo Castro.
Ambos funcionarios reaccionaron a una resolución de la FGR, en la que se ordena a la policía proceder contra el bloqueo que grupos de sindicalistas mantienen en el relleno sanitario de Nejapa y quienes supuestamente están violando con su actitud el “derecho a la libre circulación”.
“Sr. @Director_PNC, ayer (el sábado pasado) recibieron esta dirección funcional, con el fin de que proceda en flagrancia contra los que atenten contra el derecho a la libre circulación. No cumplirla hará incurrir en responsabilidad penal a todos los involucrados dentro de la @PNCSV”, escribió el fiscal general en redes sociales. A esa orden administrativa, el Director de la PNC, Comisionado Arriaza, respondió pidiendo “profesionalismo, responsabilidad y buenas intenciones”, adelantando así una clara intención de no obedecer el mandato de la Fiscalía.
La FGR admitió la semana pasada, que está investigando a las autoridades militares y policiales que irrumpieron en el recinto legislativo en el famoso 9F, entre ellas el Comisionado Arriaza. Arriaza también se negó a cumplir una orden de apremio que la Asamblea Legislativa para conducir al ministro de Hacienda ante la Comisión Especial que investiga el uso de los recursos del país para combatir la pandemia del Covid 19.
De acuerdo a la Constitución de la República, la policía está llamada a colaborar con la Fiscalía, tanto en la investigación como en el ejercicio de la operatividad que se requiere para detener legalmente a una persona.
De cualquier manera, el enfrentamiento de los funcionarios de la PNC y del Ministerio de Trabajo, ponen al Fiscal en una disyuntiva de la cual tendrá que salir haciendo uso de los instrumentos legales de que dispone el Ministerio Público, a fin de que no sea cuestionada su autoridad como Fiscal General de la República.
Al fiscal se le puede cuestionar y pedir respeto por los derechos de las personas, haciendo uso de los recursos que franquea la ley. Insultarlo o desafiar su autoridad públicamente, no es ni lo más recomendable ni lo más correcto.
Al Fiscal General de la Republica le corresponde cumplir y hacer cumplir la ley, respetar los derechos de los ciudadanos y el Principio de Inocencia, prescindiendo del enfrentamiento mediático. Si está actuando dentro del marco de la ley, busque los auxilios legales para hacer cumplir su orden; si no, que tenga la hidalguía, que no le falta, de reconocer la falta de acierto en la que pudo haber incurrido para repararla. Autoridad sin energía y sin ley es autoridad arbitraria. El Fiscal no puede ni debe tolerar una situación de esa naturaleza porque de lo contrario estaría dejando mal parado el debido proceso.
