La Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa, en manos de la oposición, acordó autorizar al Gobierno iniciar los trámites para adquirir $2,000 millones en deuda para atender la crisis sanitaria y económica provocada por el coronavirus.
Los diputados y los representantes del Gobierno de Nayib Bukele acordaron que un 30 % de los fondos sean destinados para el desarrollo de proyectos municipales. Los fondos deberán ser transferidos de forma directa a las alcaldías de conformidad al Fondo para Desarrollo Económico y Social de las Municipalidades (FODES).
El 70 % de los fondos a conseguir se utilizará en la emergencia sanitaria y transferencias directas para las familias más vulnerables, un fondo de liquidez para micro empresas y para el sector agropecuario en general.
Con el objetivo de supervisar la ejecución y transparencia, en el decreto legislativo se creó un comité público privado, en el cual de dejó con mayoría al Gobierno, pero que, al ser acompañados los representantes del Gobierno por personas transparentes, se conocerán los manejos de los dineros.
El comité que vigilará el Fondo de Emergencia, Recuperación y Reconstrucción Económica del País quedó compuesto de la siguiente manera:
– Un coordinador nombrado por Presidente de la República
– Un representante de mypes, nombrado por Camarasal
– Un representante de la ANEP
– Cinco ministros: Salud, Hacienda, Economía, Obras Públicas y Turismo
– Un representante de Fusades
– Un representante de la UCA
– Un representante de la ESEN
Las atribuciones del comité, según el dictamen, son proponer al Ejecutivo el presupuesto extraordinario parcial o total, para atender la Emergencia, Recuperación y Reconstrucción Económica del País; así como aprobar el Programa de Transferencias Monetarias, los criterios de distribución y forma de entrega.
Asimismo, debe definir la estrategia, planes y programas de la emergencia nacional, la recuperación y reconstrucción de la economía, y reactivación de gobiernos locales.
Además, elcomité debe establecer todos los mecanismos de auditoría, gestión financiera y administrativa para ejecutar los recursos.
La nueva institución podrá apoyarse en la Corte de Cuentas de la República (CCR), y ninguna información del Presupuesto Extraordinario podrá declararse reservada, además deberá ser publicada en una plataforma web.
La comisión rendirá informes mensuales a la Asamblea Legislativa sobre la implementación y ejecución del decreto con el propósito de garantizar la transparencia y el control legislativo cuando así corresponda.
