El diputado Rodolfo Parker, del Partido Demócrata Cristiano (PDC), renunció el lunes a una comisión creada para la elaboración y estudio de una ley de amnistía, en la que propuso una iniciativa que fue rechazada por diversos sectores de izquierda que la tildaron de favorecer la impunidad de los crímenes de la agresión guerrillera al Estado salvadoreño (1980-1992).
El parlamentario presentó ante dicha comisión especial su renuncia por escrito y luego señaló en una conferencia de prensa que «las críticas que recibió la propuesta» y él mismo «estaban alejadas de la realidad».
«Nunca ese documento tuvo el propósito de ser un documento final, pero de inmediato tuvo críticas hasta llegar a estigmatizarlo como ley de Rodolfo Parker», manifestó.
Parker apuntó que tomó la decisión de renunciar «después de escuchar que el arzobispo de San Salvador», José Luis Escobar Alas, «expresara que el documento promovía la impunidad, cuando en ninguno de sus apartados contenía algo semejante».
Escobar Alas manifestó el domingo su «desacuerdo» con la iniciativa presentada bajo el título de «proyecto de ley de reconciliación nacional», y señaló que de aprobarse «sería una ley espuria como la ley de amnistía del 93, totalmente injusta, que en vez de proteger a las víctimas, las revictimizaría y protegería a los victimarios».
La anulación de la amnistía en 2016 permitió la reapertura de procesos penales como la masacre de El Mozote, la matanza de los seis padres jesuitas y el magnicidio de san Óscar Arnulfo Romero de 1980, sin embargo, los gobiernos del FMLN y la mayoría de magistrados de la Corte Suprema que son de línea izquierdista nunca han permitido se judicialicen los casos de secuestros y abominables asesinatos cometidos por la entonces guerrilla, que suman miles.
Crímenes espantosos como la masacre de “Quebrada Seca”, el asesinato de Roque Dalton y de Isabel Casanova, a la par de los secuestros de Fujio Matsumoto, el sudafricano Archibald Gardner Dunn, los marines de los Estados Unidos en la Zona Rosa, el asesinato de Ernesto Regalado, Mauricio Borgonovo, Roberto Poma, etc., quedarían en la impunidad, de acuerdo a los intereses de los activistas de los Derechos Humanos, la Universidad católica (UCA) y las facciones de izquierda de las Naciones Unidas (ONU).
