La defensa del expresidente Elías Antonio Saca (2004-2009) recusó al juez Cuarto de Instrucción de San Salvador, que conoce la causa penal por la supuesta malversación de 246 millones de dólares, por la falta de objetividad en el manejo del proceso, dijo hoy el abogado Mario Machado.
«Por todas las resoluciones que tenemos del tribunal y la forma en que se está llevando el proceso, consideramos que no hay un juzgamiento objetivo», señaló el abogado de Saca a periodistas en las instalaciones del tribunal sin detallar la fecha en la que presentó la recusación.
Detalló que entre las resoluciones adversas que han recibido del juez Aristarco Chavarría se encuentran dos en las que negó el uso de audio y vídeo para grabar una «declaración indagatoria» de Saca, programada para este jueves y suspendida a petición de la defensa.
Añadió que han recusado al juez y pide «ver qué respondió en su declaración jurada» sobre los señalamientos de falta de objetividad, que «respaldan las resoluciones» que él mismo emitió para negar la grabación.
Indicó que el juzgador solo autorizó la utilización de recursos audiovisuales «para fines administrativos», para la transcripción de las declaraciones en la diligencia por los empleados del tribunal, y no para que la defensa pudiera introducir los archivos audiovisuales como prueba en el proceso.
Saca y sus exsecretarios privado, de Comunicaciones y de Juventud, Elmer Charlaix, Julio Rank y César Funes, respectivamente, y otros tres colaboradores enfrentan la instrucción en prisión provisional desde hace casi un año, en la cárcel de La Esperanza, Mariona, y con sus bienes embargados.
De acuerdo con el fiscal general, Douglas Meléndez, estas personas tenían una estructura dentro de la Presidencia que movió 246 millones de dólares a catorce cuentas personales de Charlaix y otros colaboradores, de las que posteriormente retiraron 116 millones de dólares «en efectivo”, sin embargo, a la fecha, la Fiscalía no ha podido presentar prueba robusta para probar los delitos que acusa.
Saca también afronta un proceso judicial por supuestamente sobornar a una empleada judicial para que le filtrara información y otro civil por enriquecerse de forma ilícita, según la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia.
