La Fiscalía General de la República (FGR) presentó el lunes una acusación penal en contra de ocho personas, entre ellas el expresidente Alfredo Félix Cristiani Burkard (1989-1994), por la muerte de seis sacerdotes jesuitas y dos de sus colaboradoras en el marco de la agresión comunista que sufrió el país durante la década de los 80´s.
El Ministerio Público dice que cuenta con al menos 20 testigos que relatan y ubican al exmandatario en la reunión en la que se habría tomado la decisión de asesinarlos. “Él estuvo de acuerdo o autorizó los hechos que desencadenaron esa muerte”, dice uno de los fiscales en un video publicado por la Fiscalía en su cuenta en Twitter.
A la fecha la Fiscalía ha intervenido 156 propiedades vinculadas al exmandatario, 15 cuentas bancarias y 42 vehículos. También ha hecho «embargo preventivo» en tres empresas. El monto de lo incautado hasta el momento asciende a 10.6 millones de dólares.
En marzo de 2022 un tribunal de paz giró una orden de captura contra el expresidente por el presunto delito de omisión durante su gestión, el exmandatario rechazó la acusación y en un comunicado señaló al fiscal general, Rodolfo Delgado, de pasar de la difamación y el acoso mediático a una persecución judicial viciada de irregularidades.
“La verdad es que nunca supe de los planes que tenían para cometer esos asesinatos. Nunca me informaron ni me pidieron autorización porque sabían que jamás hubiera autorizado que se hiciera daño al padre Ellacuría o a sus hermanos”, se lee en el comunicado emitido entonces por Cristiani.
La Fiscalía dice que la investigación ha determinado que el expresidente y el padre Ignacio Ellacuría, entonces rector de la UCA, sostuvieron varias llamadas previo al asesinato.
Las autoridades en turno dicen que Cristiani le asegura, en las llamadas, que no debe preocuparse por el registro que se ejecutaba en la universidad y le pide a Ellacuría que permanezca tranquilo y en el lugar.
Una fuente consultada por la Agencia Digital de Noticias -ADN- el lunes por la noche asegura que en efecto, se realizaron las llamadas, pero que el llamado «Presidente de La Paz» por tres décadas, al desconocer del operativo militar ordenado por el general René Emilio Ponce, respondía al jesuita lo que él sabia.
¿Quien es Alfredo Cristiani?
Alfredo Félix Cristiani fue presidente de El Salvador entre 1989 y 1994 bajo la bandera de la Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), que gobernó durante 20 años continuos, comenzando con Cristiani.
Los primeros tres años, el exmandatario gobernó el país en medio de una cruenta guerra civil entre las fuerzas del Estado y una guerrilla comunista con apoyo, político y de armas, internacional. En 1992 la guerra terminó con la firma de los Acuerdos de Paz, y desde entonces, a Cristiani se le conoció como «el Presidente de La Paz».
Durante su mandato fueron asesinados seis sacerdotes jesuitas , presuntos líderes intelectuales de la guerrilla comunista y dos colaboradoras, al interior de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), en el departamento de La Libertad. 33 años después, en marzo de 2022, un tribunal de San Salvador ordenó la captura de Cristiani por el delito de presunta omisión en la masacre ocurrida el 16 de noviembre de 1989, cuatro meses después de que Cristiani asumiera la presidencia.
Por medio de la cuenta de redes sociales de su hija, el expresidente Cristiani divulgó un comunicado en el que sentó postura ante la acusación: «Nunca supe de los planes que tenían para cometer esos asesinatos. Se ha cuestionado que el comandante en jefe de la Fuerza Armada no tuviera conocimiento previo de los planes (…) La verdad es que después de largos años de regímenes militares y golpes de Estado, la subordinación al poder civil no ocurrió de la noche a la mañana …», dijo.
La Fiscalía presume que el exmandatario, también ciudadano de la Comunidad Europea, salió del país un mes antes de la orden de captura, en febrero de 2022. Se conoce que inicialmente el expresidente Cristiani fincó su residencia en Italia, de donde es ciudadano, pero luego de divulgarse en redes sociales su paradero, Alfredo Cristiani desapareció del mapa.
Persecución política
En septiembre de 2021, legisladores oficialistas, miembros de una comisión especial que investiga sobresueldos, dieron aviso a la Fiscalía para que abriera una investigación contra el exmandatario, por supuesto lavado de dinero, enriquecimiento ilícito y cohecho.
21 meses después del aviso, el Ministerio Público incautó las propiedades del exmandatario, así como los bienes de tres empresas, sin detallar los delitos por los que acusa a Cristiani y despojando al acusado y a los socios de la empresa de sus bienes, lo que de acuerdo a abogados consultados es inconstitucional.
«La investigación demostró que el expresidente Cristiani en el quinquenio presidencial en el que gobernó se apropió de fondos públicos, por un monto inicialmente de 37 millones de colones, ahora 4.2 millones de dólares», dijo a los medios de comunicación, Fabio Figueroa, uno de los fiscales a cargo de la investigación.
Los fondos de los acusa la FGR a Cristiani de haberlos apropiado, formaban parte de la Ley de Partida Secreta, la cual ordenaba que el presidente podía disponer de ellos a su «criterio» sin tener que rendir cuenta alguna a nadie. Ese tipo de fondos siguen siendo utilizados por la presidencia de la República en la actualidad.
Los bienes incautados pasarán al Estado salvadoreño, entre ellos empresas, lotificaciones, fincas y viviendas, dijeron las autoridades, sin importar que afecta a socios y copropietarios del exmandatario, a quienes se les vulneran sus derechos constitucionales.
Curiosamente, luego del discurso del presidente Bukele lanzando la «Guerra a la Corrupción», el fiscal general, Rodolfo Delgado, aseguró que encontró una investigación contra Cristiani que había sido archivada, donde se señalaban actos de corrupción y enriquecimiento ilícito.
La nueva «Guerra contra la Corrupción» de Bukele ha sido alabada por el oficialismo y cuestionada por otros. Abogados, analistas y expertos consideran que, si bien es necesario investigar a funcionarios de administraciones pasadas, debe haber transparencia ante acusaciones de funcionarios actuales muy cercanos a Bukele. Informaciones en redes sociales aseguran que se trata de un ejercicio de revanchismo político.
Desde septiembre de 2021, los delitos relacionados a corrupción no prescriben, a petición del presidente Bukele y la aprobación de la bancada oficialista en la Asamblea. De modo que delitos como enriquecimiento ilícito podrían ser juzgados en el país aunque se hubiesen cometido hace 30 años o más. Sin embargo, de acuerdo a Derecho Internacional, las leyes no pueden tener carácter retroactivo a menos ayuden al acusado, por lo que dicha ley sería inconstitucional y en contra de varios tratados internacionales.
En junio de 2021, Bukele rompió el acuerdo de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en El Salvador (CICIES) que mantenía con la OEA, luego de que el organismo internacional hiciera públicos 12 avisos de casos de corrupción en su gobierno.
De igual manera, la Fiscalía no ha dado a conocer si los funcionarios y exfuncionarios de la administración de Bukele nombrados en la Lista Engel del Departamento de Estado de EEUU de actores “corruptos y antidemocráticos” tienen expedientes abiertos para investigación.
