Luego que el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, dijera la noche del miércoles que continuará aplicando las medidas sanitarias dictadas por su gobierno para intentar contener el brote de coronavirus, a pesar de las sentencias de la sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), la policía Nacional Civil (PNC) y el Ejército, continúan realizando detenciones ahora «ilegales».
La Corte Suprema de El Salvador reiteró que el Gobierno no debe detener a nadie por violar la cuarentena domiciliar y enviarlos a centros de contención, así como tampoco puede decomisar los vehículos de las personas que sean detenidos en la calle sin justificación.
Un total de 2,112 personas han sido retenidas por la Policía Nacional Civil (PNC), con ayuda del Ejército, por incumplir la cuarentena domiciliar obligatoria desde el 21 de marzo, día que se decretó dicha medida.
Una de las resoluciones ,ás recientes de la Sala, al referirse a las retenciones forzadas de personas que incumplen la orden de quedarse en casa, reza que ninguna crisis o coyuntura anula los derechos constitucionales de la persona y la autoridad que se exceda es personalmente responsable de actos o agresiones que lleve a cabo.
No tiene validez alegar que “cumplía órdenes de sus superiores”.
La Sala, en su última resolución pidió a las autoridades de seguridad, «abstenerse de utilizar la fuerza y vulnerar los derechos humanos de las personas que rompen la cuarentena», además estableció que «ninguna autoridad puede por motivo de dicha cuarentena decomisar vehículos de personas, ni ningún otro bien».
Bukele cuestionó el fallo de los magistrados de la Sala de lo Constitucional:
“Esas son facultades del Ministerio de Salud, conferidas en el Código de Salud, el cual la Constitución NO PERMITE derogar con una resolución de seguimiento de un Habeas Corpus. La Sala, en sumisión a las órdenes de sus financistas, intenta cruzar sus propias limitantes”, espetó el presidente en su cuenta de Twitter.
Los magistrados señalaron en su sentencia que esos procedimientos deben ser establecidos en una ley por la Asamblea Legislativa, que faculte al Ejecutivo para su implementación.
La Sala además delegó en la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos que verifique el respeto de los derechos de la población, lo hizo romper en cólera al mandatario, al estar en contra de la elección de un ombudsman que no es servil a sus propósitos.
