Cientos de costarricenses marcharon el domingo en rechazo al aborto y se dirigieron a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), donde se procesa una demanda contra El Salvador por el caso de una mujer a la que se le prohibió interrumpir su embarazo.
Los manifestantes, la mayoría con atuendos celestes y entonando cánticos cristianos, marcharon un kilómetro desde un parque hasta la sede de la Corte en San José que conoce desde marzo del año pasado el caso «Beatriz vs. El Salvador», el primero que analiza sobre el aborto en Latinoamérica.
«Las consecuencias serían nefastas si la Corte Interamericana fallara a favor del aborto», dijo a periodistas en la protesta el diputado Fabricio Alvarado, del partido conservador Nueva República.
El congresista señaló que si los jueces fallan contra el Estado salvadoreño «le dirían» a los países que reconocen a la Corte que están «obligados» a iniciar acciones para «legalizar» el aborto.
Pese a la afirmación de Alvarado, una resolución contra El Salvador no necesariamente implica que se cambiarán las leyes en materia de aborto en ese país u otros en América Latina.
«La interrupción de el embarazo es un asesinato» y «Abortar por discapacidad es crueldad», decían pancartas que portaban los manifestantes, muchos de ellos de grupos católicos.
Beatriz, cuyo verdadero nombre se desconoce, fue diagnosticada en 2013 con la enfermedad autoinmune lupus eritematoso sistémico. Posteriormente se le negó un aborto pese al riesgo que corría y a que el feto presentaba anencefalia, la ausencia de desarrollo del cerebro durante la gestación.
Las autoridades le negaron el aborto pese a la inviabilidad del feto. Ochenta y un días después los médicos finalmente le practicaron una cesárea, pero el bebé murió luego de cinco horas.
Beatriz murió en 2017 en un accidente de tráfico y el año pasado la Corte IDH realizó las audiencias por el caso contra El Salvador, el país con una de las legislaciones más restrictivas del mundo sobre el aborto.
Los tribunales salvadoreños tipifican habitualmente el aborto como homicidio agravado, lo que eleva la condena a entre 30 y 50 años de prisión.
«Estamos aquí […] por aquellos que no se pueden defender, que están indefensos allí en un vientre», agregó en la manifestación Ronald Pérez, de 65 años, un motociclista miembro del grupo Luchadores por Cristo.
En América Latina el aborto es legal en Argentina, Colombia, Cuba, Uruguay y en algunos estados de México. En Chile es ilegal con la excepción de riesgo para la salud de la madre, violación o malformaciones en el feto.
