Corte Suprema de Justicia de Guatemala autorizó un antejuicio contra el presidente Jimmy Morales

by Redacción

Ahora el Congreso debe definir si le quita los fueros para que lo juzguen. El proceso investiga la financiación ilegal de la campaña que lo llevó al poder y fue solicitado por la Fiscalía y una misión anticorrupción de la ONU.

La Fiscalía y la Comisión Internacional Contra la Impunidad (CICIG) revelaron el 25 de agosto que Morales habría quebrado la ley al manejar de forma opaca casi un millón de dólares en la campaña que lo llevó a la presidencia en 2015.

Una vez autorizado el antejuicio, el Congreso debe decidir si levanta la inmunidad al presidente, para lo que se necesitan al menos dos tercios de la fragmentada cámara política. Si los legisladores dan luz verde, entonces Morales podrá ser imputado e investigado.

Según la legislación guatemalteca, el Congreso deberá integrar una comisión que deberá recomendar al pleno si retira los fueros al mandatario.

Para levantar la inmunidad al presidente, son necesarios 105 votos de los 158 diputados que integran el Congreso, algo que para algunos analistas será difícil de alcanzar debido a las alianzas que tiene el partido gobernante en el parlamento.

El pasado 25 de agosto, la Cicig y la fiscalía pidieron levantar los fueros al gobernante para investigarlo por posible financiamiento ilícito de su campaña para las elecciones de 2015, en las que resultó victorioso.

Dos días después, el mandatario en un mensaje grabado declaró non grato al jefe de la Cicig, el exjuez colombiano Iván Velásquez, y ordenó su expulsión inmediata al acusarlo de injerencia y de exceder sus funciones.

La medida provocó un terremoto político hasta que la orden presidencial fue suspendida el pasado 29 de agosto por la Corte de Constitucionalidad (CC), máxima instancia judicial del país.

La decisión presidencial provocó un desgaste al gobernante y su credibilidad fue afectada al quedar en entredicho su combate frontal a la lucha contra la corrupción, según analistas.

Morales ganó la presidencia en 2015 en medio de una convulsión política por la renuncia del gobernante Otto Pérez, tras ser acusado por la fiscalía y la Cicig de encabezar una red de defraudación fiscal en la aduanas.

El mandatario era reconocido por su trayectoria como comediante en la televisión y su ascenso electoral fue gracias al rechazo a los políticos tradicionales.

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