La Corte Suprema de Justicia de Guatemala ordenó la liberación de la ex fiscal anticorrupción Virginia Laparra, quien se encuentra encarcelada desde 2022 por el delito de abuso de autoridad cometido mientras era funcionaria del Ministerio Público, pese a la solicitud de diversas organizaciones locales y extranjeras que exigían su libertad.
La decisión de liberar a Laparra estuvo a cargo de la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia, según confirmaron fuentes del mismo organismo judicial guatemalteco.
El dictamen obedece a que Laparra ya cumplió casi la mitad de su condena por el delito de abuso de autoridad, por el cual fue sentenciada en 2022 a cuatro años de prisión conmutables a cambio de una multa.
La abogada deberá recuperar su libertad en un plazo de cinco días, de acuerdo con la resolución judicial.
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Un hombre con una bandera de Guatemala en una protesta contra el presidente Alejandro Giammattei
Laparra fue arrestada el 23 de febrero de 2022 bajo acusaciones del ex juez y actual titular de la Oficina contra la Tortura en Guatemala Lesther Castellanos.
La exfiscal de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) en Quetzaltenango, fue condenada a cuatro años de prisión por el delito de abuso de autoridad de forma continuada por la juez del Tribunal Octavo de Sentencia Penal, Oly González, el 16 de diciembre de 2022.
El Ministerio Público (MP) acusó a la exfiscal por haber presentado cuatro denuncias administrativas contra Castellanos en octubre de 2018. La fiscalía argumentó que Laparra hizo uso de su investidura y cargo de fiscal para presentar estas denuncias sin tener la facultad para hacerlo por no existir una instrucción escrita del superior inmediato. El superior inmediato era el jefe de la FECI en esa época, Juan Francisco Sandoval, quien fue destituido en julio de 2021 y vive en Estados Unidos desde entonces. Actualmente Sandoval tramita asilo alegando persecución política del Gobierno de Guatemala.
La jueza Oly González argumentó, en su fallo, que Laparra no estaba autorizada para presentar las denuncias administrativas contra Castellanos.
«No tengo la menor duda que los actos propios del delito fueron ejecutados por la acusada, porque ella era una funcionaria pública, era agente fiscal en Quetzaltenango. Ella interpuso las denuncias administrativas, ella las firmó, ¿Estaba autorizada? No», puntualizó la jueza.
