El presidente Nayib Bukele destituyó el sábado al titular del Fondo Ambiental de El Salvador FONAES, Jorge «Koky» Aguilar, por supuestamente beneficiarse de una compra venta irregular de protectores faciales en el marco de la pandemia del COVID-19 y anunció que solicitará se audite la transacción por 250.000 dólares.
El anuncio ha hecho temblar los tinglados políticos del partido Nuevas Ideas, fundado alrededor del presidente Bukele, sería algo poco común, pero no inédito en un país donde dos ex presidentes, tanto de derechas como de izquierdas, han sido acusados de robar casi $700 millones en conjunto.
«Koky» Aguilar, un joven empresario que también buscaba la candidatura para la alcaldía de Santa Tecla por Nuevas Ideas y que era considerado como el único que podría arrebatarla a uno de los líderes de la Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), Roberto d’Aubuisson, alcalde actual de la ciudad satélite de San Salvador, fue también separado de la contienda.
«En vista de la información que ha salido en diversos medios, de una compra que el Gobierno habría hecho a una empresa de un funcionario, siendo esto una posible violación a la Ley de Ética, he ordenado la separación del cargo de Jorge Aguilar, como presidente del Fonaes», publicó Bukele en su cuenta de Twitter.
Según un comunicado de la Presidencia, Aguilar «suministró caretas protectoras en el marco de la emergencia sanitaria de COVID-19» por un monto de 250.000 dólares y «sin tomar en cuenta varios aspectos normativos que están consignados en la legislación vigente».
«Si las auditorías encuentran algún indicio de corrupción, yo mismo enviaré la denuncia a la Fiscalía General de la República para que sean procesados los responsables», agregó el mandatario a sus declaraciones del sábado.
La primera destitución relacionada con un posible acto de corrupción durante la Administración de Bukele, que llegó al poder hace apenas un año, se da en momentos que las instituciones no gubernamentales del país (ONG´s), la academia, la Fiscalía General de la República (FGR), analistas políticos de renombre y la institución encargada de llevar las cuentas del gasto público, La Corte de Cuentas de la Repúbla (CCR) demandan al Ejecutivo la entrega de documentación completa sobre los gastos y contratos efectuados por el Gobierno durante la pandemia de COVID-19, en especial los gastos realizados para la readecuación del Centro Internacional de ferias y Convenciones (CIFCO) en lo que ahora se llama «Hospital El Salvador».
En este marco, el presidente Nayib Bukele no hizo referencia al ministro de Salud, Francisco Alabí, quién firmó las ordenes de compra, copias digitales de la orden de compra.
Hasta mayo de 2020, la cuenta de gastos públicos para atender la emergencia sobrepasaba los 500 millones de dólares, y solo para la pandemia, el presidente Bukele logró que la Asamblea Legislativa le aprobara la negociación de emisión de deuda por más de 3 mil millones de dólares.
Según las primeras investigaciones, la empresa que pertenece a Aguilar, INSEMA, S.A. de C.V. y el ministerio de Salud pactaron un «sobreprecio de 121 % por unidad».
Mientras, la Fiscalía General de la República iniciará una investigación de oficio sobre estos señalamientos contra Aguilar, pero no se ha manifestado sobre el ministro Alabí.
Antes que la noticia de la compra a la empresa INSEMA, de Aguilar se enfriara, se conoció que otra empresa, SYGM Asesores, S. A. de C. V. vendió más protectores faciales sobrevalorados el Estado, en esta ocasión por un monto de 750,000 dólares, los vendedores ocupan altos cargos en la empresa SCI Audit Tax Advisory, de la cual el viceministro de Ingresos del Ministerio de Hacienda, José Alejandro Zelaya Villalobo, es socio fundador y director.
Según la hoja de vida de Zelaya Villalobo, publicada por el Ministerio de Hacienda y por la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA), donde es director, este es socio, director y fundador de SCI Audit Tax Advisory.
El 18 de marzo pasado, en cadena nacional de radio y televisión, cuando se anunció el primer contagio en el país, Bukele dijo que habría «mucho dinero fluyendo» para atender la pandemia y que la CICIES destacaría a 60 auditores para vigilar los fondos.
«El que toque un centavo yo mismo lo voy a meter preso», advirtió el presidente Bukele en esa ocasión.
Por el momento, como dice una canción popular, se podría tratar del «Primer millón».
