El coronel salvadoreño retirado, Inocente Orlando Montano, negó el miércoles haber tomado parte en los asesinatos de seis sacerdotes jesuitas y dos colaboradoras en El Salvador en 1989, afirmando que carecía entonces de poder de mando, durante el juicio que se le sigue en España por esos hechos.
Como viceministro de Seguridad Pública, «la función mía era de tipo administrativo, la de tipo operativo la tiene solo el estado mayor de la fuerza armada», alegó Montano, de 76 años, en la sala de la Audiencia Nacional en San Fernando de Henares, en las afueras de Madrid.
En su declaración en el juicio iniciado el lunes en España, de donde procedían cinco de los religiosos, Montano buscó desligarse de los hechos y hacer ver que no podía dar órdenes a los militares que cometieron los crímenes en el campus de la Universidad Centroamericana (UCA) el 16 de noviembre de 1989.
«El delito lo cometieron soldados, no lo cometieron policías, que son los que estaban a cargo de mi persona», afirmó Montano en su testimonio de una hora, sentado en una silla de ruedas y con mascarilla en el rostro, un requisito por la pandemia del coronavirus.
El ministro y viceministro de Defensa eran «los encargados de la seguridad nacional, que en ese momento estaba comprometida por el choque con las fuerzas del FMLN (la guerrilla del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional), que es una organización terrorista», dijo.
«No hubo nunca pretensiones de hacerle ningún daño a él (al rector de la UCA, Ignacio Ellacuría, uno de los asesinados) o a la Iglesia o a la universidad», subrayó Montano, que solo contestó a preguntas de su abogado y se negó a responder a las partes acusadoras.
Durante la audiencia, el abogado de Montano, Jorge Agüero, alegó que los hechos en los que el llamado batallón Atlacatl tirotearon a Ellacuría, los otros cinco jesuitas y a la mujer y la hija del guardián de la universidad, prescribieron según las leyes salvadoreñas.
Montano llegó en noviembre de 2017 desde Estados Unidos, donde residía y estuvo dos años encarcelado hasta que la justicia de ese país decidió a favor de la petición de la justicia española de extraditarlo para enjuiciarlo. En España, ha permanecido desde entonces en prisión preventiva.
El juicio debe culminar hacia mediados de julio, después de la declaración de peritos y testigos, entre ellos un subordinado del coronel retirado, el teniente René Yusshy Mendoza, quien ha colaborado con la justicia española y el lunes fue sobreseído en este causa por el tribunal.
