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Confirman a El Salvador entre países cuyos gobiernos utilizan espionaje telefónico

Varios gobiernos utilizan espionaje telefónico para callar protestas contra corrupción y transparencia, 25 naciones han estado operando y operan el mecanismo SS7 que intercepta mensajes de texto y llamadas locales, así como a través del roaming.

Un informe de la Universidad de Toronto (Canadá) asegura que distintos Gobiernos, entre ellos el de El Salvador, utilizan a la empresa de vigilancia Circles para hacer espionaje interinstitucional, así como en los teléfonos celulares de sus ciudadanos, implementando un ‘software’ especial proporcionado por esa firma.

En julio pasado, el presidente de la Asamblea Legislativa, diputado Mario Ponce, denunció que los teléfonos de ese órgano legislativo, estaban siendo “espiados” por el ejecutivo. Ponce, aseguró que el gobierno había bloqueado el correo electrónico del Parlamento.

“Cómo es posible que un Órgano de gobierno venga y bloquee el correo institucional de otro órgano del Estado como lo es la Asamblea Legislativa”, cuestionó entonces Ponce. 

Según el reporte de la Universidad de Toronto, este polémico e ilegal servicio, está siendo utilizado por varias naciones de América Latina, entre ellas; México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Ecuador, Perú y Chile. También se destacan Estados de otras partes del mundo: Dinamarca, Bélgica, Serbia, Estonia; Marruecos, Guinea Ecuatorial, Nigeria, Botsuana, Kenia, Zambia, Zimbabue, Estonia; Israel, Emiratos Árabes, Tailandia, Vietnam, Malasia, Indonesia y Australia. 

“Gobiernos utilizan el espionaje telefónico para acallar la protesta”

El analista político mexicano, Javier Martínez, opina que “los Gobiernos deben tener muy pocos dilemas éticos” al emplear estas prácticas. “Esa pasión por controlar a todos los ciudadanos, es el peor ataque totalitario, más que los totalitarismos del siglo XIX o del siglo XX”, expresa Martínez. 

Para concluir, Martínez señala que en escenarios donde se vivieron importantes revueltas populares en los últimos meses, como Chile y Perú, y donde hay serios enfrentamientos sociales por corrupción y transparencia, los Gobiernos pueden usar esta clase de programas “para manipular y acallar la protesta”.

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