La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó el jueves medidas cautelares de protección a favor de 34 integrantes del medio digital El Faro, que, advirtió, «estarían siendo objeto de hostigamiento, amenazas, intimidaciones y estigmatización» por su actividad.
En un comunicado, la CIDH, con sede en Washington, advirtió que las personas cobijadas por las medidas «se encuentran en una situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable a sus derechos».
«De acuerdo con la solicitud, las personas beneficiarias trabajarían para el Periódico Digital El Faro, un medio de comunicación independiente, y estarían siendo objeto de hostigamiento, amenazas, intimidaciones y estigmatización -principalmente través de redes sociales- por motivos de sus actividades periodísticas», señaló la nota.
La Comisión consideró que la información recibida, valorada en el marco contextual en El Salvador, «sugiere que los presuntos actos de hostigamiento, amenazas e intimidación hacia las personas beneficiarias tendrían como propósito no solo intimidarlas sino también obstaculizar aquellas actividades derivadas de sus labores periodísticas».
«Por tanto -añadió el organismo-, tal situación estaría generando un alto nivel de exposición de las personas beneficiarias, incrementando su situación de riesgo».
Según la CIDH, «si bien el Estado habría adoptado acciones al tomar conocimiento de los hechos alegados, a la fecha no se estaría implementando medidas de protección con el propósito de mitigar su situación de riesgo actual de las personas beneficiarias».
En ese contexto, el organismo solicitó a El Salvador que «adopte las medidas necesarias para preservar la vida y la integridad personal de las personas beneficiarias identificadas» y para que puedan «desarrollar sus actividades periodísticas en ejercicio de su derecho a la libertad de expresión, sin ser objeto de actos de intimidación, amenazas y hostigamientos».
Además, pidió que concierte las acciones que tomará con las personas beneficiarias y sus representantes e informe sobre estas, «a fin de investigar los hechos alegados que dieron lugar a la adopción» de las medidas cautelares «y así evitar su repetición».
En una entrevista, el pasado 1 de octubre, el entonces director de El Faro, José Luis Sanz, aseguró que teme que el gobierno del presidente salvadoreño, Nayib Bukele, busque la detención de los directivos de este periódico y se paralice su funcionamiento en represalia por sus investigaciones.
También advirtió que si Bukele logra consolidar su poder político y acallar a los medios críticos, es «demasiado optimista» pensar que los periodistas no estarán en riesgo.
Días después, el antropólogo, cronista y columnista de ese medio Juan Martínez d’Aubuisson advirtió que desde el aparato de inteligencia del gobierno se estaría tratando de «intimidar» y «amedrentar» a la prensa considerada como «opositora».
El pasado 29 de enero, la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) reveló que las denuncias de violaciones a la libertad de prensa en ese país se elevaron más del 62 % en 2020 respecto al año anterior.
La presidenta de la APES, Angélica Cárcamo, manifestó entonces en una conferencia de prensa que «es bastante preocupante» el «constante aumento en vulneraciones a la prensa», y detalló que en 2020 se registraron 125 vulneraciones contra el ejercicio periodístico, mientras que en 2019 se computaron 77 y en 2018 un total de 65.
