Un reciente estudio de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) de las Naciones Unidas (ONU), precisó que El Salvador, junto a Barbados, Guatemala, Honduras, República Dominicana y Santa Lucía, podría ver disminuido su PIB entre un nueve y un 12 por ciento para 2050, de no haber respuesta en inversiones a los actuales retos.
El estudio señala que El Salvador necesita invertir el 5.3 por ciento de su Producto Interno Bruto (PIB) cada año para solventar las pérdidas causadas por el cambio climático, lo cual equivale a mil 600 millones de dólares.
Las mayores afectaciones por el clima dañarán a la agricultura y de continuar el impacto de fenómenos climáticos como El Niño, sin una respuesta adecuada, hacia 2050 caerá el rendimiento agrícola de frijol (19 ciento), maíz (entre el cuatro y el 21) y el arroz (23 por ciento).
De acuerdo a un reciente informe de la Cámara Salvadoreña de Medianos y Pequeños Productores Agropecuarios (Campo), la crisis actual con la pérdida de 110 mil toneladas de maíz y tres mil 822 de frijol, es apenas una mínima parte del daño que puede enfrentar el país en los próximos años.
A los problemas de alimentación, se suma mantener los niveles de seguridad para que avancen sin afectaciones sectores como el agrícola, turístico y ganadero, que son los que más en peligro estarían si se disparan nuevamente los índices de criminalidad.
Desde la puesta en marcha del Plan Control Territorial y el régimen de excepción, la Policía Nacional Civil (PNC) y el Ejército mantienen bajo control los índices de homicidios, la extorsión y otros delitos que han afectado a los salvadoreños durante años. Como un costo marginal, el Gobierno se enfrenta a acusaciones sobre violaciones de derechos humanos y hasta muertes de inocentes capturados y bajo la tutela del Estado.
El gobierno de Nayib Bukele enfrenta otro reto, como solucionar el atraso en el enjuiciamiento de más de 72 mil 500 mareros detenidos bajo el régimen de excepción.
Otra situación que agrava la situación de los salvadoreños es el desempleo, que afecta a la población ante la incapacidad del Gobierno de incorporar a sectores desocupados a proyectos que se ejecutan a escala nacional pero que son de corto plazo.
