La Dirección General de Centros Penales (DGCP), bajo la dirección de Osiris Luna gastó sin seguir los controles establecidos 8,9 millones de dólares provenientes de las compras que hacen los reos al interior de la prisiones.
No es la primera vez que el manejo de los fondos generados en las tiendas institucionales en las cárceles es cuestionado, dado que la Fiscalía General de la República (FGR) llevó ante la Justicia a dos exdirectores de la DGCP por cargos de administración fraudulenta y actos arbitrarios en su administración.
La DGCP manejó arbitrariamente los 8,9 millones de dólares entre septiembre de 2019 y junio de 2020, frente a una supuesta creación de mecanismos de control ordenados por el presidente Nayib Bukele.
Dichos mecanismos, que incluyen la formación de un comité supervisor, fueron creados por Bukele en septiembre de 2019, meses después de que el exministro de Seguridad Mauricio Ramírez y exdirector de Centros Penales Marco Tulio Lima fueron señalados de supuestamente manejar irregularmente unos 14 millones mediante una organización no gubernamental.
Los mecanismos han mostrado ser inexistentes o anuentes a las actuaciones de Luna.
Mensualmente, los familiares de los presos les pueden depositar hasta 150 dólares en una cuenta manejada por Centros Penales para que puedan adquirir productos de las tiendas internas, mecanismo adoptado por el anterior Gobierno, el del Salvador Sánchez Cerén (2014-2019) para evitar el manejo de efectivo en las prisiones.
Los datos de la DGCP indican que, al menos hasta marzo pasado, las prisiones en El Salvador albergaban a 37.645 presos, de los que 28.198 están condenados.
Los dineros deben pasar a resguardo del Ministerio de Hacienda y la DGCP lo puede utilizar únicamente cuando los presidiarios han consumido su valor en productos.
A partir de julio pasado, la institución depositó al Ministerio de Hacienda 418.410,40 dólares, lo que equivale al 5 % de los ingresos generados por las tiendas en las prisiones en lo que va de la gestión de Bukele.
Al ser preguntado por estos fondos, el actual director de Centros Penales, Osiris Luna, señaló que «con transparencia hemos manejado todo» y que «hemos cumplido con la ley hasta este día».
Sin embargo, Luna autorizó el gasto ilegal de 8,5 millones de dólares provenientes de las tiendas de los centros penales, por lo que podría haber quedado a merced de la justicia.
Una corte de apelaciones anuló el sobreseimiento dictado al proceso contra los exjefes de las prisiones Nelson Rauda (2012-2013) y Rodil Hernández (2013-2017), por lo que deberán enfrentar nuevamente un juicio.
Rauda y Hernández fueron absueltos de los delitos de administración fraudulenta y actos arbitrarios en un juicio en septiembre de 2019, tras dos años de proceso.
El órgano Judicial explicó en diciembre de 2018 que la acusación fiscal señala que el dinero se usó «para el pago de salarios, bonificaciones y viáticos de personas que presuntamente colaboraron con la tregua entre pandillas» impulsada por el expresidente Mauricio Funes (2009-2014).
