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Fiscalía y Gobierno dieron datos falsos en la captura del representante legal de INTRATEXT de El Salvador S.A. de C.V.

El supuesto monto evadido es de $5,3 millones, que podrían ser desvanecidos legalmente, no $293 millones, como lo divulgaron la Fiscalía General de la República y el Gobierno.

El Gobierno de Nayib Bukele y la Fiscalía General de la República (FGR) manipularon las cifras al capturar a Miguel Ernesto Daura Mijango, representante legal de la empresa Intratext de El Salvador S.A. de C.V. y acusado del delito de evasión de impuestos por ingresos gravados.

La noche del domingo, el gobierno de Nayib Bukele montó una campaña mediática digital ante la captura de Daura, relacionándolo con los accionistas de la empresa Intratext, la cual los funcionarios relacionan con la familia del líder empresarial Javier Simán.

El presidente de la República, Nayib Bukele, la FGR y las cuentas asociadas al gobierno en redes sociales publicaron que el supuesto delito de evasión de impuestos era por un monto total de más de $293 millones.

La afirmación fue falsa, puesto que el monto presuntamente evadido es de $5,336,293.33, fondos que podrían ser desvanecidos en un juicio de Hacienda al demostrar que forman parte de las exenciones permitidas por una ley de la República, vigente desde hace hace más de veinte años para empresas del rubro textil de exportación.

Tras la captura de Miguel Ernesto Daura Mijango, la Fiscalía tuiteó que el monto evadido sumaba $293 millones: “@FGR_SV ordena detención por el delito de Evasión de Impuestos por más de $293 millones”. Dicho tuit aún permanece publicado.

Horas después, la FGR publicó otro tuit aclarando que se “evadieron impuestos por ingresos gravados que ascienden a $293 millones”, cuando en realidad la cifra correcta supuestamente no pagada en impuestos sería de $5,336,293.33.

Mientras, varias cuentas oficiales del presidente Nayib Bukele y de sus funcionarios mas serviles se dieron a la tarea de repetir la cifra falsa, con la obvia intensión de lesionar el honor y respetabilidad de la familia Simán, a la que Bukele ha declarado como su enemigo, divulgando los $293 millones como el monto total de lo evadido.

Los ministros de Seguridad y de Hacienda dieron una conferencia en la que se expuso al detenido ante los medios y en la cual volvieron a ofrecer cifras falsas del caso investigado, pues ni el detenido ni los accionistas de la empresa han sido vencido en algún juicio para ser considerados culpables.

La cifra de $293 millones presentada maliciosamente como lo supuestamente evadido es completamente falsa, pues para haber evadido este monto, la empresa tuvo que haber tenido ingresos anuales por más de $2,200 millones, es decir, más de 9% del Producto Interno Bruto (PIB), que en 2017 era de $24,979 millones para El Salvador.

Sin embargo, el Gobierno de Nayib Bukele presentó un video sobre el caso y Alejandro Zelaya, ministro de Hacienda, aseguró que se trataba de “$293 millones los que debemos recuperar”, insistiendo en la mentira y difamación contra los empresarios acusados.

El Ministerio Público confirmó después que: “la auditoría establece que el implicado evadió el pago del Impuesto sobre la Renta, correspondiente al ejercicio fiscal del año 2017, por no haber declarado más de 293 millones de dólares, en concepto de ventas no gravadas; omitiendo el pago de US$5,336,293.33 en concepto de impuesto”.

La Fiscalía dice que Daura presentó, “en forma indebida, rentas no gravadas por US$293,036,117.37 amparándose en el Acuerdo N° 1064, septiembre 2014, del Ministerio de Economía para realizar la actividad de comercialización de prendas de vestir en general como Depósito de Perfeccionamiento Activo, y con el que goza del beneficio de exención de impuestos sobre la renta sobre mencionada actividad económica”, la valides de la acción empresarial debía dilucidarse en un juicio «complementario» para confirmar la supuesta evasión y no en un show mediatico.

La FGR informó que parte de los ingresos que declaró como exentos de impuestos Miguel Daura Mijango presuntamente proceden de la prestación de servicios de intermediación, sobre los cuales gana una comisión que no se establece en el acuerdo del ministerio de Economía, y presuntamente ocultó las operaciones tributarias con el amparo de los beneficios de la Ley de Zonas Francas Industriales y de Comercialización, por lo que en último caso, se podría perseguir la devolución de los impuestos sobre las comisiones, no sobre el monto facturado.

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