Centroamérica padece una insuficiencia crónica de ingresos que se evidencia en los niveles del déficit fiscal y cambiar ese panorama, especialmente preocupante en Costa Rica y El Salvador, requiere de acuerdos políticos «de gran envergadura» que permitan, entre otros, revitalizar los sistema tributarios.
Para el director del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), Jonathan Menkos, el panorama está muy claro: los países centroamericanos «están obligados a buscar mejoras en sus ingresos públicos».
Ello, a través de «posibles incrementos de impuestos» y avanzando en el combate de la evasión «derivada tanto del otorgamiento de privilegios fiscales injustificados como de la mala definición en las leyes que permiten el flujo de recursos hacia paraísos fiscales».
Y todo eso «implica cambios legales al sistema tributario, por lo que se requieren acuerdos políticos de gran envergadura», alerta a Efe el economista, con máster en Gobierno y Políticas Públicas en América Latina por la Universidad Pompeu Fabra/IDEC de Barcelona.
Las cifras oficiales citadas por el Instituto, uno de los más reputados de la región, hablan por sí solas: Centroamérica ha registrado en el último lustro un déficit fiscal global que ha oscilado entre el 3,1 % del producto interno bruto (PIB) en 2012 y 2,8 % este 2017, con un pico de 3,8 % del PIB en 2013.
«El déficit fiscal en Centroamérica nos está alertando que los gastos continúan creciendo a un ritmo mayor que los ingresos» y el «problema central» de esto es que los Estados entonces «utilizan recursos para atender el servicio de la deuda, lo que redunda en un deterioro sistemático del cumplimiento de las funciones públicas, afectando la economía y el bienestar social», explicó
Esa realidad es especialmente dolorosa en una región donde viven cerca de 47 millones de personas, la gran mayoría pobre y amenazada por la violencia, que llega a ser extrema en el llamado Triángulo Norte (El Salvador, Honduras y Guatemala), con grandes retos en materia de seguridad pública, sanidad, educación y alimentación.
Al encarar el problema por país, Menkos advierte que Costa Rica y El Salvador presentan las situaciones «más preocupantes, con déficit fiscales crónicos que están impulsando el aumento del saldo de la deuda pública».
«El Salvador tiene actualmente saldos de deuda cercanos al 60 % del PIB y déficits fiscales en torno al 3 % del PIB (entre 2012 y 2015), mientras que Costa Rica, debido a déficits fiscales crecientes desde 2012, ha acumulado una deuda pública de aproximadamente 45 % del PIB», afirmó.
Menkos señaló que la situación en El Salvador «es particularmente delicada debido a los escasos niveles de crecimiento económico manifestado en los últimos tiempos, con valores cercanos al 2 %».
En el caso de Costa Rica, valoró que aún cuando el país ha recuperado un mejor ritmo de crecimiento, este «no es suficiente para evitar las complicaciones de los niveles de déficit observados», que rondan el 6,6 % este 2017 de acuerdo a los datos oficiales.
El director del Icefi alerta que en esos dos países «se observa una falta de voluntad política en sus organismos legislativos para avanzar hacia cambios que aumenten las fuentes de ingresos que detengan proceso» de deterioro de las cuentas fiscales.
En cuanto a Panamá, Menkos indicó que si bien ha llegado a registrar un déficit fiscal superior al 4 % del PIB, ello en el 2014, 2016 y este 2017 según los datos oficiales citados por el Icefi, «su nivel de deuda se encuentra cercano al 40 % del PIB y su crecimiento económico próximo al 6 %, lo que permite que el indicador «no represente un riesgo en el corto plazo».
Honduras detuvo el crecimiento del déficit gracias a un programa de ajuste basado en el establecimiento de una reforma tributaria regresiva, aunque «todavía no ha encontrado los mecanismos reales para revertir el crecimiento de la deuda en el largo plazo», indicó.
«Nicaragua, sin considerar los potenciales efectos de la deuda petrolera con Venezuela, ha mantenido una trayectoria razonablemente estable, manteniendo deudas por el orden del 30 % del PIB y describiendo períodos incluso con superávit presupuestario», afirmó.
Y Guatemala es el país de la región que «definitivamente no tiene problemas con el déficit fiscal ni con el saldo de la deuda, debido a que practica una estrategia fiscal conservadora, con deuda pública muy controlada en alrededor del 24 % del PIB y déficits fiscales incluso inferiores al 2 %».
Pero Guatemala enfrenta «enormes problemas de bienestar social y gobernabilidad democrática como resultado de una administración pública débil y sin una significativa capacidad de acción», agregó Menkos.