Por Eduardo Vázquez Bécker-.
En nuestro editorial de hace un año, 17 de abril del 2017, nos referimos, entre otros, al emblemático caso conocido como Rais-Martínez.
Entonces sugerimos al señor Fiscal, la conveniencia de dar respuestas convincentes a las denuncias hechas por el empresario Rais en los medios de comunicación, de que su caso había sido “montado” por funcionarios inescrupulosos de la Fiscalía General de la República (FGR) y de la Policía Nacional Civil (PNC), que con fines aviesos y perversos, buscaban hacerle daño, daño que ha trascendido a la familia de dicho empresario.
Se trataba de denuncias específicas y concretas, que se han venido repitiendo a lo largo de todo un año, de hechos constitutivos de delitos que contraviene tratados internacionales sobre derechos humanos, que atentan contra la constitución de la república por violar flagrantemente el principio de inocencia, que obstruyen la justicia, que impiden el correcto funcionamiento del debido proceso y en definitiva, que fomenta la corrupción y la impunidad.
Señalamos en esa oportunidad la imperiosa necesidad de que la FGR respondiera a las graves denuncias hechas por Rais, ya que no se trataba de especulaciones o chismes domésticos o inclusive del clásico desacuerdo del imputado frente al poder público, sino de verdaderas denuncias penales sobre malos procedimientos de algunos de sus funcionarios, comenzando por la forma en que fue capturado junto al ex fiscal Luis Martínez y otras personas. De eso hace ya casi dos años.
Un sistema que requiere de mantener a un ciudadano encerrado en la cárcel por ese tiempo sin tener una prueba contundente en su contra, no es un sistema saludable.
La Fiscalía General de la República está en la imperiosa obligación de resolver las graves denuncias que se han hecho sobre malos procedimientos de algunos de sus funcionarios, antes de continuar con los procesos que mantienen en prisión a personas cuyo derecho constitucional a ser consideradas inocentes, está siendo violentado desde el momento en que fueron capturadas.
Al caso general podemos agregar que, en lo concerniente al señor Rais, este afirma, no solo que las escuchas en que la FGR fundamentó el caso habían perdido efectividad jurídica, sino que ningún juez del país ordenó alguna vez que se intervinieran sus comunicaciones telefónicas. ¿Error, equivocación o mala fe?. La verdad es que, sea lo que sea, el Fiscal debió sanear esa situación hace mucho tiempo.
A Enrique Rais se le procesa como presunto responsable de los delitos de fraude procesal, falsedad ideológica y falsedad material. Estas figuras penales no son complejas por lo que es inexplicable que la Fiscalía no haya podido probar de manera contundente sus pretensiones.
Además, es del conocimiento de la Fiscalía que otro tribunal, donde se juzga al notario salvadoreño Mario Calderón junto a los canadienses Mateo Pasquale y Franco Pacetti, por el delito de falsedad, declaró que a Rais no se le podían imputar dichos cargos por constituir delito imposible ya que este no es abogado, ni notario de la República.
Con lo dicho por el juez era suficiente para que la FGR reformulara su planteamiento y a cuenta propia retirara los cargos contra Rais; en todo caso, con el beneficio de la duda, debió pedir por lo menos que, tanto a él como a las otras personas vinculadas al caso, se les sobreseyera provisionalmente por falta de prueba contundente o, al menos, se les garantizara de manera efectiva su derecho a las medidas sustitutivas que establece la ley.
Se acerca el momento en que la Asamblea Legislativa habrá de elegir o reelegir nuevo Fiscal General de la República.
El Fiscal General se encuentra en la cúspide de su mandato, en el momento en que deberá decidir su futuro como fiscal o cualquier otra alternativa en la que esté pensando. Douglas Meléndez está en su justo derecho de aspirar a un nuevo periodo, inclusive, pensamos que sería injusto que abandonara una posición estable en una autónoma para servirle al Estado por tan poco tiempo.
Todo dependerá de la estrategia por la que se decida. Una de ellas sería la de continuar, como hasta ahora, dando la impresión de que avala los malos procedimientos de algunos de sus colaboradores u optando por una depuración entre estos, empezando por los que, con nombre y apellido, han sido denunciados por el señor Enrique Rais.
Responder públicamente a las denuncias y rectificar lo que se haya hecho mal sería un buen intento para continuar como jefe del Ministerio Público por un periodo más, además del prestigio que eso traería a la Fiscalía General de la República.
Señor Fiscal General, en mi editorial del 17 de abril de 2017 expresé que en los casos contra el empresario Enrique Rais había “gato encerrado”, especialmente por los terceros beneficiados con mantener lejos o encarcelados a sus competidores; depurar la FGR y limpiar su casa no es una mala idea, usted ya lo ha intentado otras veces; ordene una auditoría amplia y profunda en los procedimientos fiscales del caso Rais-Martínez para determinar la veracidad de las denuncias; ahuyente a los gatos encerrados que merodean cerca de usted y sobre todo, saque de su zapato esa piedra que a veces parece no dejarlo caminar con paso firme.
