La Cámara Primero de lo Penal de San Salvador rechazó la solicitud de recusación contra el juez de instrucción que conoce el proceso penal que afronta el expresidente Elías Antonio Saca (2004-2009), acusado de malversar 246 millones de dólares, informó la Fiscalía General de la república (FGR).
La institución dio a conocer mediante sus redes sociales parte de la resolución de los jueces de la Cámara, en la que declaran «inadmisible» la solicitud de Saca «por su forma».
Igual resultado obtuvo la defensa de Elmer Charlaix, ex secretario privado de Saca y también procesado por la supuesta malversación de dinero público, al solicitar la recusación del juez Rigoberto Chicas.
«El juzgador queda habilitado para conocer la fase de instrucción», que concluye el 30 de noviembre próximo, «por delito de lavado de dinero en contra de los imputados», señaló el Ministerio Público en sus redes sociales.
El abogado de Saca y Charlaix, Mario Machado, aseguró a mediados de octubre, cuando fue suspendida una diligencia de declaración indagatoria del expresidente, que solicitó separar al juez del proceso porque «no hay un juzgamiento objetivo».
Charlaix, Saca y sus exsecretarios de Comunicaciones y de Juventud, Julio Rank y César Funes, respectivamente, y otros tres colaboradores enfrentan la investigación judicial (instrucción) en prisión provisional, en la cárcel de La Esperanza (Mariona) y con sus bienes congelados.
De acuerdo con el fiscal general, Douglas Meléndez, estas personas tenían una estructura dentro de la Presidencia que movió 246 millones de dólares a catorce cuentas personales de Charlaix y otros colaboradores, de las que posteriormente retiraron 116 millones de dólares «en efectivo».
Saca también afronta un proceso judicial por supuestamente sobornar a una empleada judicial para que le filtrara información y otro civil por enriquecerse de forma ilícita, según la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia.
Recientemente el expresentador de televisión y empresario de medidos de comunicación Jorge Hernández fue detenido y llevado a los tribunales por supuestamente lavar 8,1 millones de dólares, provenientes de los fondos del presupuesto del Ejecutivo.
