Bukele ve reducida su aprobación ciudadana a 81%: Mitofsky

by Redacción

El polémico presidente salvadoreño, Nayib Bukele, goza de una preferencia ciudadana de un 81%, un 16% menos que al principio de su mandato, de acuerdo con la encuestadora Consulta Mitofsky.

La consultadora, que realiza periódicamente sus encuestas pagadas por varios gobiernos, recopiló lo reportado por otras organizaciones de su tipo alradedor del mundo para establecer y comparar la popularidad de los gobernantes de países en el continente americano y en todo el mundo. Ambos rankings los encabeza actualmente el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, con un supuesto 81% de aceptación ciudadana.

Por su parte, Consulta Mitofsky aclaró que los resultados que ahora publica fueron tomados de consultoras que hacen lo mismo que ellos, por lo que, salvo en el caso de México, no se hacen responsables de la información proporcionada.

Así, para ubicar a Bukele como el gobernante con mayor aceptación ciudadana en el mundo, se basaron en las cifras arrojadas por la encuestadora en línea Tresearch, una empresa desconocida en el país.

“Aunque las metodologías utilizadas en cada país pueden variar, es una excelente oportunidad para ver en un solo documento el nivel que alcanza cada mandatario y compararlos entre sí”, aclara la consultora mexicana.

Paradójicamente, El Salvador también fue destacado en otro recuento global: el Informe Mundial anual de Human Rights Watch. Aunque no con tintes positivos, sino alertando sobre la problemática que enfrentan sus ciudadanos.

En El Salvador advirtiron: “el presidente Nayib Bukele y sus aliados en la legislatura reemplazaron sumariamente a los jueces de la Corte Suprema con los que no estaban de acuerdo y aprobaron leyes para destituir a cientos de jueces y fiscales de nivel inferior. Los jueces de la Corte Suprema que nombraron dictaminaron que podía postularse para la reelección consecutiva, a pesar de una prohibición constitucional. El gobierno también propuso un proyecto de ley de ‘agentes extranjeros’ que, de aprobarse, restringiría severamente el trabajo de los periodistas independientes y las organizaciones de la sociedad civil”.

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