El Salvador avanzará a la segunda etapa de su reactivación económica el próximo 21 de julio, pese a que la curva de contagios de la COVID-19 «se ha vuelto prácticamente incontrolable», anunció el sábado el presidente Nayib Bukele.
El anuncio del mandatario se dio casi un mes después de que el Ejecutivo solicitara a la Asamblea Legislativa la aprobación de un nuevo estado de excepción por 15 días, sin que la solicitud obtuviera el respaldo necesario, por carecer de sustento científico.
«Nosotros ya perdimos la esperanza de que nos aprueben el régimen de excepción» y «si no vamos a bajar los contagios porque no nos dan las herramientas, no tiene sentido seguir postergando la fase dos», a pesar de la detonación posible de miles de casos por la apertura del transporte público, apuntó Bukele en una conferencia de prensa.
Bukele aseguró que él quisiera aplazar nuevamente esta fase de la reactivación económica, pero considera que esta medida no lograría cambiar el comportamiento de los contagios.
El mandatario, quien acusa a la Asamblea Legislativa y a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de retirarle las atribuciones para combatir la pandemia, señaló que el Gobierno se dedicará a concientizar a la población sobre las medidas sanitarias de protección personal y a ampliar el sistema de salud, que, según él, está «prácticamente colapsado».
La segunda fase del plan gubernamental, que carece de sustento legal, estaba prevista originalmente para el 7 de julio y estipula que se reactive el servicio del transporte público, los centros de llamadas, restaurantes y diversas industrias, como la del calzado, papel, plástico y creativas.
La Sala de lo Constitucional de la CSJ, que declaró ilegales las normas que rigieron una cuarentena de 85 días por violar la Constitución, ordenó en al menos dos ocasiones a Gobierno y Congreso consensuar una ley, el Congreso se reunió con el Ejecutivo, pero este se negó a respetar las normas constitucionales del país.
Las confrontaciones entre Bukele y los diputados de la oposición han marcado la pandemia en El Salvador, pese a que los legisladores le aprobaron al Gobierno el estado de emergencia y de excepción y le han autorizado miles de millones de dólares para sus políticas frente a la crisis.
Los diputados no pudieron ampliar estas medidas por ser violatorias a los derechos humanos por parte de los cuerpos de seguridad y por la falta de transparencia en el manejo de los fondos otorgados por el Congreso a Bukele.
En las últimas semanas, los alcaldes de diversas localidades han buscado mayor protagonismo con medidas puntuales en sus comunidades, como el cierre de mercados, la búsqueda de pacientes con síntomas de COVID-19 y la entrega de vitaminas, lo que esta dando mejores resultados que las políticas que el Ejecutivo quiere forzar.
El Salvador registró hasta el sábado 324 decesos a causa del coronavirus SARS-CoV-2 y el número de casos positivos ha llegado a 11.508, sin que la cifra de contagios diarios dé tregua al país.
