Será la madre de todas las batallas. Y se librará en el Capitolio de Washington mientras los árboles van cambiando el verde por ocres, rojos y amarillos. Un otoño en el que Joe Biden se juega lo que será el legado de su presidencia. En las próximas dos o tres semanas se discutirá en ambas cámaras del Congreso su ambicioso plan social de 3,5 billones de dólares denominado “Reconstruir mejor”. Si fracasan, los demócratas se enfrentarán el próximo año a unas muy duras elecciones de medio término. Si tienen éxito, conseguirán una victoria legislativa que definirá la historia del país en las próximas dos décadas, como el New Deal de Franklin D. Roosevelt y la Gran Sociedad de Lyndon Johnson.
La Cámara de Representantes tomó un acuerdo vinculante del paquete de reconstrucción de infraestructura por 1.000 millones de dólares, ya aprobado por el Senado, para sumarle los 3,5 billones de dólares que contiene las prioridades políticas sociales demócratas. El proyecto de ley de infraestructuras tuvo un inusual apoyo bipartidista el mes pasado en la cámara alta. Los demócratas intentan, ahora, asegurar su paquete de gastos mediante un proceso especial legislativo, la reconciliación, que evitará que sea bloqueado por los republicanos del Senado. Para lograrlo, será necesario el voto de todos los senadores demócratas que tienen el 50% de las bancas y de casi todos los demócratas de la Cámara de Representantes. Eso da a cada legislador una enorme influencia.
“Creo que este es un momento de gran cambio potencial”, dijo Biden la semana pasada. “Este es nuestro momento para que los trabajadores vuelvan a tener su parte de la economía”. Pero en el sistema estadounidense el poder para los cambios fundamentales continúa en manos del Congreso. Lo recuerda Lauren Gambino en su nota de The Guardian: El único poder real que tiene un presidente, como dijo el gran politólogo Richard Neustadt, es el poder de persuasión.
Un poder blando que ya utilizó Biden la última semana cuando convocó a los principales legisladores de su partido. Tiene resistencia interna. Dos senadores demócratas moderados se oponen a la magnitud del plan de gasto social de los 3,5 billones de dólares a lo largo de una década para ampliar la asistencia sanitaria, la atención infantil y combatir la crisis climática. En la Cámara de Representantes, el acuerdo entre los moderados del partido y los progresistas fue comparado con la teoría de la “destrucción mutua asegurada” (mutually assured destruction o MAD, que en inglés significa “loco”). La doctrina estratégica imperante durante buena parte de la Guerra Fría adoptada a partir de un discurso de Robert McNamara en 1962. El uso de armamento nuclear por cualquiera de dos bandos opuestos podría resultar en la completa destrucción de ambos. Estados Unidos incrementó su arsenal nuclear hasta tal punto que suponía que una parte sobreviviría a un primer ataque soviético. La respuesta sería masiva, con lo que el rival se vería disuadido de dar ese paso.
La alianza entre moderados y progresistas demócratas es muy precaria. Será puesta a prueba el 27 de septiembre, cuando se espera que se vote en la cámara baja el primer paquete de los 1.000 millones para financiar la reconstrucción de puentes, autopistas, la red de banda ancha y otros proyectos de infraestructura. En este caso hay consenso, pero el ala izquierdista ya anunció que va a hacer fracasar la aprobación si sus adversarios no prometen aprobar también el otro proyecto más ambicioso. Aquí es donde se verá la mano de Biden con cuatro décadas de experiencia en el Congreso. La semana pasada, cuando el Congreso se enfrentaba a una vertiginosa serie de plazos fiscales y legislativos para evitar el cierre del gobierno y el impago de la deuda, Biden mostró sus agallas de buen negociador. Mantuvo reuniones “productivas” con los dos senadores demócratas que no comparten su visión, Joe Manchin de Virginia Occidental, que defiende los intereses de las grandes empresas mineras de su estado, y Kyrsten Sinema de Arizona. Y después trazó la línea del debate con la implacable presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, y el líder de la mayoría del Senado, Chuck Schumer.
El historiador Jonathan Alter, autor de libros sobre FDR, Barack Obama y Jimmy Carter, dijo en la cadena de tv de asuntos públicos CSPAN que “después de 36 años haciendo tratos en el Senado y ocho liderando negociaciones legislativas como vicepresidente de Barack Obama, Biden está especialmente cualificado para desempeñar este papel de mediador. La diferencia, ahora, es que está en juego su legado presidencial y eso lo puede condicionar”.
El ex candidato presidencial y senador izquierdista por Vermont, Bernie Sanders, es clave en esta negociación. Ocupa el cargo de presidente de la Comisión de Presupuestos y es uno de sus mayores promotores de la iniciativa. Dice que se trata de “la legislación más consecuente con los principios demócratas desde los años 30, FDR y el New Deal”. Los opositores republicanos como Karl Rove, ex jefe de estrategas cuando George Bush estaba en la Casa Blanca, cree que la legislación crearía “un peligroso subsidio estatal de la cuna a la tumba”.
Sí es cierto que el plan afectaría casi todos los aspectos de la vida de los estadounidenses. Contiene importantes iniciativas sobre el cuidado de los niños, la asistencia social, la atención domiciliaria, la educación, la sanidad, la inmigración, el trabajo y el cambio climático, financiadas en gran parte por aumentos de impuestos a las empresas y a los estadounidenses más ricos. “La educación preescolar universal, la desgravación fiscal por hijo, la universidad comunitaria gratuita, son políticas visibles que realmente cambian la economía de lo que significa ser padre en Estados Unidos”, explicó Suzanne Kahn, directora de un centro de estudios progresista en un debate de la cadena MSNBC.
Los republicanos denuncian que por debajo hay puntos inaceptables para ellos como el que podría dar a millones de inmigrantes una vía de acceso a la ciudadanía. También están preocupados por la enorme cantidad de dinero que se está inyectando a la economía y que se suma al paquete de ayuda por la pandemia que ya fue repartido. Michael Strain, economista del conservador American Enterprise Institute, cree que el paquete de gasto podría socavar la recuperación económica. “Si se presiona demasiado a la economía y se elevan los precios al consumidor, en realidad se está haciendo un flaco favor a los hogares de menores ingresos al reducir el poder adquisitivo de los ingresos que tienen”, dijo a The Guardian. “Desde esa perspectiva, creo que el paquete de reconstrucción será contraproducente”.
La mayor preocupación de los conservadores sigue siendo el aumento de los impuestos para financiar el plan. La tasa impositiva máxima propuesta volvería al 39.6% para las parejas que ganan más de 450 mil dólares y habría un impuesto del 3% para los estadounidenses más ricos que ganen más de 5 millones al año. Para las grandes empresas la propuesta elevaría la tasa impositiva corporativa, del 21% al 26.5% sobre ingresos superiores a los 5 millones de dólares.
Las encuestas muestran sistemáticamente que el plan de gastos es popular, incluso entre los independientes y un notable número de republicanos. “La gente quiere estas reformas”, dijo Stephanie Cutter, asesora de Building Back Together, un grupo externo que promueve la agenda de Biden. “Quieren empleos, quieren mejores carreteras y puentes, quieren agua potable más segura, quieren menores costes para el cuidado de los niños, permisos pagados, una reducción de impuestos para la clase media. Todas estas cosas tendrán un impacto -para mejor- en las familias de clase media y quieren estas cosas. Por eso son tan populares y por eso son tan difíciles de combatir”.
Habrá que esperar seguramente a que los árboles ya no tengan hojas y la nieve cubra la cúpula del Capitolio, hacia fin de año, para saber si Biden logra pasar su legislación más ambiciosa -y respirar bastante tranquilo en sus restantes tres años en la Casa Blanca- o si tendrá que esperar un mejor clima y volver a la carga con un plan retocado y renegociado para la próxima legislatura.
