Una comisión especial de la Asamblea Legislativa determinó el lunes que existen los elementos suficientes para retirar el fuero constitucional al diputado Norman Quijano, expresidente de este órgano de Estado, para que enfrente un proceso penal por supuestamente negociar votos con las pandillas en el marco de las elecciones presidenciales de 2014.
La decisión de este grupo de diputados debe ser votada en el pleno del Congreso y obtener al menos 43 votos para que el legislador sea procesado por los cargos de fraude electoral y agrupaciones ilícitas.
La Fiscalía General de la República (FGR) solicitó a finales de enero retirar el fuero constitucional a Quijano para que enfrente un proceso penal, tras ser acusado durante un juicio de pactar votos a cambio de dinero.
«Nunca negocié con pandilleros, no busqué ningún beneficio particular y menos quise alterar el resultado de una elección», dijo Quijano en una rueda de prensa el 28 de enero pasado.
De acuerdo con la acusación, el legislador se reunió con supuestos líderes de pandillas para buscar su apoyo y ganar las elecciones presidenciales en las que finalmente se impuso el expresidente Salvador Sánchez Cerén en una segunda vuelta.
Durante un juicio en el que fueron condenados más de 300 miembros de la pandilla Mara Salvatrucha (MS13) en 2019, un testigo identificado únicamente como «Noé» señaló que Quijano negoció dinero a cambio de votos para la Alianza Republicana Nacionalista (ARENA).
Uno de los elementos que llevó al Ministerio Público a investigar a Quijano fue un vídeo entregado por el referido testigo protegido en un juicio y que fue proporcionado a los diputados como prueba.
De aprobarse el desafuero, Quijano sería el primer expresidente del Congreso al que se le retire la inmunidad constitucional para enfrentar la justicia.
Otro de los políticos salvadoreños salpicados por las supuestas compras de votos a las pandillas es el actual alcalde de San Salvador, Ernesto Muyshondt, también de ARENA y a quien el mismo testigo atribuyó la entrega de 69.000 dólares en 2015.
Muyshondt, vinculado a los pactos con pandillas desde 2016 por publicaciones periodísticas, asegura que no entregó dinero a las estructuras criminales.
El alcalde de San Salvador, junto a los exministros de Seguridad y Gobernación, Benito Lara y Arístides Valencia, respectivamente, enfrentan una investigación judicial dictada en febrero pasado.
