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Asamblea Legislativa cita al jefe de la PNC por su posible participación en el intento de Golpe de Estado cuando agentes armados invadieron el Congreso

Una comisión especial de la Asamblea Legislativa acordó el miércoles citar al director de la Policía Nacional Civil (PNC), Mauricio Arriaza Chicas, para que declare por el ingreso de agentes armados junto a militares al órgano Legislativo el 9 de febrero pasado, en un supuesto Golpe de Estado.

El órgano de Estado citará a Arriaza Chicas para el 9 de septiembre próximo, para que brinde sus explicaciones.

El 9 de febrero pasado, el presidente Nayib Bukele entró en el recinto legislativo bajo el resguardo de policías y soldados armados con fusiles de asalto para sentarse en la silla del presidente de dicho órgano, simular el comienzo de una sesión plenaria y orar.

Tras orar en el sitio del presidente del Parlamento, Bukele salió para encontrarse con sus seguidores y dijo: «Si quisiéramos apretar el botón, solo apretamos el botón» y pidió paciencia a sus seguidores, quienes gritaban «¡insurrección, insurrección, insurrección!».

«Es importante citarlo para que amplíe sobre algunos conceptos que expresó en esa oportunidad, con el propósito de que la población salvadoreña tenga claridad sobre la finalidad de ese operativo», señaló el diputado opositor René Portillo Cuadra en una reunión de una comisión que investiga los hechos.

El jefe de la Policía Nacional Civil, Mauricio Arriaza Chicas y el ministro de la Defensa René Francis Merino Monroy, el día de la invasión armada al recinto legislativo.

La decisión de citar al titular de la PNC se dio, según un comunicado, tras «reproducir los videos presentados por la seguridad institucional del Congreso».

El parlamentario Schafick Hándal, del Frente Farabundo Martí para la Liberación Naciona (FMLN), recomendó en la reunión que se elabore un listado de otros funcionarios del Gobierno que «también aparecen en los videos para citarlos y que den explicaciones».

A criterio del diputado, el ingreso de Bukele con elementos armados «fue un operativo que tenía un objetivo bien definido, no es que fue convocada de un día para otro».

¿UN INTENTO DE GOLPE DE ESTADO?

El órgano Legislativo, de mayoría opositora, calificó los actos del 9 de febrero como un «intento de golpe de Estado».

Los legisladores interrogaron públicamente al ministro de la Defensa, René Merino Monroy, el pasado 21 de agosto por la participación del Ejército.

Esta sesión le permitió a los legisladores cuestionar la obediencia del Ejército a la Constitución frente a las órdenes del presidente Bukele.

Los diputados, que entregaron previamente un cuestionario de 17 preguntas al jefe castrense, cuestionaron a Merino sobre la postura de las Fuerzas Armadas frente a órdenes que podrían considerarse contrarias a la Constitución.

«Nunca me ha dado el señor presidente de la República y comandante general de la Fuerza Armada una orden inconstitucional. Somos respetuosos de la ley», aseguró Merino.

No obstante, dijo que las órdenes dadas por el mandatario son «igualmente legales, porque él ha sido electo por la gran mayoría de los ciudadanos y de acuerdo a la ley y a la Constitución».

La acción de Bukele prendió las alarmas internacionales, por lo que diversas instancias pidieron respetar la democracia en el país y el Tribunal Supremo ordenó al mandatario no utilizar al Ejército para fines distintos a los establecidos en la Constitución.

El fiscal general, Raúl Melara, aseguró la semana pasada que no posee «elementos necesarios para imputar un delito» por la irrupción militar del 9 de febrero.

«Creo que fueron excesos, sí creo que fue un exceso la militarización de la Asamblea Legislativa. No podemos determinar jurídicamente un hecho de violencia porque no lo tenemos documentado», dijo Melara en una entrevista televisiva, lo que le ha cargado con críticas del tinglado democrático del país y dudas sobre su idoneidad en el cargo que ostenta.

Bukele admitió, más de un mes después en una entrevista con el rapero puertorriqueño Residente, que se trató de «una forma de presión» contra el Parlamento, con el que se encontraba enfrentado por la falta de aprobación de un préstamo de 109 millones de dólares para sus planes de seguridad.

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