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Asamblea Legislativa analizará ampliar estado de excepción por COVID-19

La Asamblea Legislativa discutirá el domingo, en una sesión extraordinaria, ampliar el estado de excepción por 30 días a solicitud del gobierno de Nayib Bukele.

El presidente del Congreso, Mario Ponce, convocó el sábado a los diputados miembros de la Comisión Política a una reunión de «carácter urgente» al medio día del domingo para analizar la petición de ampliación del estado de excepción presentada el viernes por el Gobierno de Nayib Bukele.

Además, citó a los 84 diputados que componen el Congreso a una sesión plenaria extraordinaria el domingo a las 2 de la tarde para discutir dicho estado.

El pasado 14 de marzo, el órgano Legislativo aprobó por un período de 15 días el estado de excepción, que luego fue ampliado por 15 días más el 29 de marzo.

La solicitud presentada por el Ejecutivo riñe con una sentencia de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) al solicitar que «se podrá establecer horarios específicos que faciliten la aplicación de dicho estado y el control de la circulación de las personas, siempre con la finalidad de salvaguardar la salud pública como interés de la generalidad de la población», según el documento de decreto.

En esta ocasión, el Gobierno pretende que la restricción a la libertad de tránsito podrá ser aplicada a zonas específicas que han sido afectadas, esto mediante resolución del Ministerio de Salud, es decir, no se podrá circular donde el Gobierno decida no se haga.

Además, en el nuevo decreto, la restricción a la circulación podrá ser aplicada en horarios específicos, lo que deja abierto un posible toque de queda.

También se señala que el régimen «no restringe la libertad de expresión, la libertad de difusión del pensamiento, el derecho de asociación, la intervención de las telecomunicaciones y ningún otro derecho a libertad fundamental.

El Gobierno de Bukele también ha solicitado al Parlamento la extensión por 30 días más del estado de emergencia nacional, avalado el pasado 14 de marzo.

Sin embargo, el nuevo decreto autoriza a los cuerpos de seguridad a trasladar a cualquier ciudadano, privado de libertad sin orden judicial a un establecimiento para su evaluación médica y su retención «Instándole a que les acompañe de manera voluntaria (…) en caso de no hacerlo, se le trasladará aún contra su voluntad», relata el documento, lo que la Sala ya indicó sería ilegal.

Además, las autoridades pretenden poder decomisar el vehículo en el que se transporten los ciudadanos, cometiendo el delito de Apropiación Indebida.

El Ministerio de Salud (MINSAL) realizará una evaluación de los capturados y, si presenta síntomas de COVID-19, será trasladado a un centro de contención para estar en cuarentena controlada por 30 días.

Si la persona que circulara supuestamente sin autorización ni justificación no presenta síntomas, será trasladado a un centro de evaluación por estar supuestamente expuesto al virus; si en 10 días no presenta síntomas, continuará la cuarentena en su domicilio.

Los salvadoreños se encuentran en cuarentena domiciliar obligatoria, que se ampara del estado de excepción, medida que fue establecida el 21 de marzo.

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