La Asamblea Legislativa, de amplia mayoría oficialista, aprobó el viernes extender por vigésima tercera ocasión el régimen de excepción que suspende garantías constitucionales y que fue la principal carta de propaganda del presidente Nayib Bukele de cara a las elecciones del 4 de febrero, para reelegirse presidente, a pesar de ser un acto inconstitucional.
La medida le habría garantizado una aplastante victoria sobre sus oponentes y es implementada por el Gobierno desde finales de marzo 2022 tras una escalada de homicidios atribuida a las pandillas o maras.
La ampliación del régimen, por un período de 30 días, fue aprobada con 67 votos de los 84 diputados y ante críticas de la oposición.
La diputada opositora Claudia Ortiz dijo que el régimen de excepción no es una política integral de seguridad ciudadana sino la suspensión de tres garantías constitucionales de toda la población salvadoreña que pone «en riesgo» los derechos de la gente.
«El régimen de excepción ha dado la potestad a las autoridades para detener a cualquiera que exija sus derechos y para detener a cualquiera que hable con la verdad», señaló.
Ortiz recordó que esta votación se da el mismo día en que se cumplen cuatro años desde que el presidente Bukele irrumpió en la sede del Congreso con militares fuertemente armados para presionar por la aprobación de un préstamo para el Plan Control Territorial.
«El régimen de excepción es la aplicación de la lógica del 9F (9 de febrero) a la población salvadoreña honrada y trabajadora», acotó.
De acuerdo con los datos oficiales, desde marzo de 2022 suman más de 75.100 las detenciones de personas que el Gobierno acusa de ser pandilleros o colaboradores y de las que más de 7.000 personas habrían salido en libertad condicional.
Las organizaciones humanitarias registran más de 6.000 víctimas de atropellos, principalmente de detenciones arbitrarias, además de torturas, allanamientos sin orden e incomunicación con personas detenidas.
A juicio de la organización humanitaria Amnistía Internacional (AI), esta medida ha llevado al país a una de «sus peores crisis» de derechos humanos desde el fin de la guerra civil (1980-1992) y a que la violencia estatal sustituya paulatinamente a la de las pandillas.
