La Asamblea legislativa aprobó una ley especial contra el tráfico ilegal de personas, endureciendo las penas de prisión y estableciendo castigos contra organizadores de caravanas de migrantes, en medio de un repunte de los flujos hacia Estados Unidos.
La ley eleva a entre 8 y 12 años las penas de cárcel contra los traficantes de personas o «coyotes» -desde los entre 6 y 10 años previos-, que se aprovechan de los migrantes que buscan llegar a Estados Unidos huyendo de la pobreza, la violencia y perjuicios por fenómenos climáticos en sus lugares de origen.
La legislación, aprobada el jueves, también busca castigar por primera vez con entre 4 y 8 años de prisión la promoción de caravanas de migrantes, muchas desde Centroamérica, alegando que ponen en riesgo a un gran número de personas y violan controles migratorios de varias naciones.
«Constituye un gran avance, un gran logro como país», dijo Violeta Olivares, fiscal de la unidad especial contra tráfico de personas, sobre la aprobación de la nueva ley, que había sido propuesta por la fiscalía desde 2019 pero cuya discusión quedó parada en medio de la pandemia del coronavirus.
El presidente Nayib Bukele, quien mantiene una ríspida relación con el Congreso, advirtió en su cuenta de Twitter que vetará la normativa, que guarda congruencia con el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica.
El jueves, un funcionario de alto rango de la administración del presidente Joe Biden, afirmó que el Gobierno de ese país planea ir en los próximos 90 días detrás de las organizaciones de traficantes de personas a los que Washington acusa de manipular a los migrantes para que se dirijan a la frontera entre México y Estados Unidos.
La nueva ley salvadoreña también busca realizar investigaciones coordinadas entre los países involucrados para desarticular organizaciones transnacionales y la identificación de todos los bienes de origen y destino ilícito que genera la actividad.
Una misión estadounidense de alto nivel visitó esta semana México, donde discutió con autoridades locales fórmulas para frenar la migración desde el llamado Triángulo Norte de Centroamérica (Guatemala, El Salvador y Honduras).