A un año con el régimen de excepción, El Salvador se enfrenta a denuncias de opositores al gobierno y organizaciones internacionales por violar, supuestamente, los derechos humanos de los pandilleros capturados y de una pequeña cantidad de inocentes capturados equivocadamente, pero recibe a la vez el agradecimiento de los salvadoreños que tuvieron que soportar robos, extorsiones y hasta asesinatos por parte de las maras. Para ellos, el estado de excepción parece ser la solución al histórico y complejo problema de la violencia y abusos pandilleriles, los grupos que mantuvieron atemorizada a la población por demasiado tiempo.
La medida, implementada desde el 27 de marzo de 2022 y prorrogada en 12 ocasiones por un período de 30 días cada vez es aceptada por casi la totalidad de la población y empuja y respalda al presidente Nayib Bukele, según encuestas afines y opuestas al gobierno.
Bukele aprovechó la oportunidad y en una campaña rampante de propaganda, declaró una «guerra» a las pandillas, de allí en adelante se confirmó, supuestamente, en el presidente con «mejor desempeño» en Latinoamérica, según una encuesta de la firma CID Gallup, que le otorga un 86 % favorable.
Además, el 91 % de los salvadoreños aprueba el trabajo que ha realizado, luego de tres años y nueve meses en el cargo, de acuerdo con una encuesta de LPG Datos.
Pero, en «la otra cara de la moneda», el gobierno de Nayib Bukele recibe diario ataques de la oposición política del país, en especial por parte del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) y todas las organizaciones que fueron robustecidas durante los diez años que duró un errático y fallido gobierno, lleno de corrupción y abusos.
Además, un concierto internacional de organizaciones de izquierdas y defensoras de Derechos Humanos, acompañan a medios de prensa internacional que no esconden su disgusto ante las medidas tomadas por el gobierno salvadoreño.
Al parecer, la imagen del mandatario no se ha visto afectada por los señalamientos de supuestas violaciones a derechos humanos, por parte de organismos internacionales y nacionales, en el marco del régimen de excepción.
Según el Instituto Universitario de Opinión Pública (Iudop), de la Universidad Centroamericana (UCA), en un juego de datos, asegura que la mitad de la población salvadoreña considera que el régimen de excepción «no resolverá el problema» de las pandillas, pero retrocede al confirmar que el 75,9 % de los ciudadanos aprueba la medida.
Durante el régimen de excepción se han capturado unas 66.000 personas que son acusadas de ser pandilleros, de los que aproximadamente 4.500 han sido liberados al confirmarse su inocencia, pero continúan con el proceso penal ya iniciado, según dijo a periodistas el ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro.
Villatoro señaló que, según los registros, son alrededor de 76.000 personas perfiladas como pandilleros e indicó que la «guerra» contra las maras ha permitido la captura de «10 de 15 líderes» de la Mara Salvatrucha (MS13), quienes «están enfrentando los procesos judiciales».
Aseguró que «el corporativo criminalidad que representaban estas tres principales pandillas en El Salvador (la MS13, Barrio 18 facción Sureños y Revolucionarios) ya no existe».
«Ya no funcionan como un corporativo criminal, han quedado los que andan escondiéndose de la justicia, que ya no pueden estar en las colonias, que ya no pueden controlar las colonias, las comunidades ni los barrios y que andan huyendo en las áreas rurales», asegura.
Y subraya: «Esos corporativos que tenían territorio, que tenían población, recaudaban dinero e impartían a plomo justicia en nuestras comunidades, esos ya no existen».
Antes que iniciara el estado de excepción y se lanzara la «guerra» contra las pandillas, para cualquier persona era arriesgado cruzar del «territorio» dominado por una pandilla al de otra, con muchas veces, pena de muerte violenta.
Un año después la gente camina sin temor por cualquier colonia o barrio y miles de comerciantes dejaron de pagar extorsiones a las pandillas, pero a pesar de lo bueno organismos de derechos humanos, parte de la Iglesia Católica y la oposición política critican los métodos de Bukele.
La Mara Salvatrucha y la Barrio 18, con sus dos facciones, habían establecido «fronteras» en las áreas que controlaban, donde todos tenían que someterse a sus reglas bajo riesgo de perder la vida.
Controlaban el 80% del territorio del país, según Bukele, y se financiaban con extorsiones y narcomenudeo, y negocios de transporte, comercios y moteles, ahora desmontados por las autoridades.
Definitivamente Bukele se hizo cargo del problema y ha establecido una nueva e innovadora política de seguridad con la que ha disminuido la enorme tasa de homicidios previa al estado de excepción.
A fines de febrero, el mandatario inauguró el CECOT, construido en solo siete meses y que según él, es la megacárcel “más grande y segura de América”, con capacidad para 40.000 prisioneros.
Construida en una zona rural de San Vicente, muestra que las condiciones de los reos son durísimas. Visten apenas un pantalón blanco, están rapados, y en cada celda de 100 metros cuadrados albergan más de cien pandilleros. Cuentan apenas con dos lavatorios con agua para su aseo personal y dos inodoros, y duermen en camarotes de cementos con lámina de hierro y sin colchón. Tampoco tienen patios ni áreas de recreación. “Será su nueva casa donde vivirán por décadas sin poder hacerle más daño a la población”, dijo Bukele.
Amnistía Internacional denunció, sin importar la opinión de los salvadoreños, que las autoridades salvadoreñas cometieron en dicha cárcel “violaciones masivas de derechos humanos, entre ellas miles de detenciones arbitrarias y violaciones al debido proceso, así como tortura y malos tratos y al menos 18 personas han muerto bajo la tutela del Estado”.
Según el sacerdote Andreu Oliva, rector de la Universidad Católica José Simeón Cañas (UCA) dirigida por jesuitas de izquierdas, la mega cárcel está muy enfocada en lo punitivo. “A mí me estremeció ver celdas de castigo donde las personas están en total oscuridad, aislamiento, durmiendo sobre cemento”, indicó, olvidando el terror en el que han vivido las familias salvadoreñas por décadas.
Sin embargo, poco antes de la entrada del régimen de excepción, el ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, dijo ante periodistas que las pandillas le costaban a El Salvador más de $6000 millones al años de su Producto Interno Bruto (PIB), mientras, los buseros acusaban pagos de al menos $32 millones al año y siguen recibiendo subsidio. Donde está ese dinero?.
El desmantelamiento de las pandillas es indiscutible, pero, ¿es definitivo?
