El ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, encabeza una delegación en la capital estadounidense que deberá convencer que la deriva autoritaria del presidente Nayib Bukele no es antidemocrática y dar cuentas del uso de dineros entregados por el organismo para hacer frente a la pandemia.
La negociación entre el gobierno de Nayib Bukele y el Fondo Monetario Internacional por un financiamiento de unos US$1.3 mil millones se suspendió en mayo del presente año, luego de que diputados del partido oficial, Nuevas Ideas, tomaron posesión de la Asamblea Legislativa y le dieron golpe a la Corte Suprema de Justicia y a la Fiscalía General de la República para imponer a fieles del Gobierno Ejecutivo en el Judicial y el Ministerio Público.
Tras buscar fuentes de financiamiento alternativas, que nunca llegaron, el gobierno de Bukele tuvo que retomar las negociaciones con el FMI, que entran esta semana a uno de sus momentos más importantes.
El FMI ha hecho énfasis en tres cosas para que las negociaciones avancen: que el Ministerio de Hacienda presente un presupuesto balanceado para 2022, que El Salvador asuma algunos compromisos de buena gobernanza democrática y que el gobierno explique cómo gastó los US$389 millones que el Fondo aprobó en abril de 2020 para hacer frente a gastos de emergencia por la pandemia.
El FMI y el gobierno salvadoreño programaron reunirse este noviembre para hacer “una evaluación completa” de las políticas necesarias para alcanzar los objetivos propuestos por el Fondo. Esas reuniones ocurren esta semana en Washington.
Las reuniones se dan en el marco de las llamadas revisiones de vigilancia contempladas en el Artículo IV del acuerdo marco que el FMI establece con todos los países miembros. En virtud de ese acuerdo, los países aceptan que el Fondo haga un escrutinio de sus políticas para, entre otras cosas, “identificar debilidades que estén causando o conduzcan a la inestabilidad financiera y económica”.
En un informe que publicó el fin de semana pasada, la casa financiera británica EMFI, adelantó que, después de estas reuniones las verdaderas negociaciones no habrán hecho más que empezar, y puso en duda que El Salvador alcance un acuerdo favorable en lo que queda de 2021, entre otras cosas porque en el presupuesto 2022 aumenta aún más la deuda pública.
El gobierno Bukele no ha dicho mucho sobre la negociación con el Fondo. En privado, de acuerdo con dos de los funcionarios consultados, el entorno del Ministro de Hacienda ha mostrado un optimismo moderado, sobre todo luego de que, entre septiembre y octubre, su ministerio hizo varias correcciones al proyecto de presupuesto a petición del FMI.
La versión de plan de gastos que Zelaya presentó a la Asamblea el último día de septiembre había reducido gastos respecto al plan inicial que el FMI había conocido semanas antes y que, al decir de un funcionario en Washington, era “demasiado expansivo”.
La entrada en vigencia de la ley que hizo de bitcoin moneda de circulación legal en septiembre también levantó preocupación en el FMI. A pesar de toda la energía mediática utilizada por el presidente para poner el tema al tope de la agenda política salvadoreña y de las protestas callejeras que esto generó, no ha tenido mayores repercusiones en los pasillos financieros en Washington, por una razón: la obligatoriedad de hacer transacciones prevista en la ley aprobada por los bukelianos nunca se aplicó, con lo que, para todos los efectos prácticos, el dólar sigue mandando en El Salvador.
Lo más complicado para Bukele, en estas negociaciones, tiene que ver con la presentación de cuentas por el dinero gastado durante la pandemia y, en el terreno político, con las derruidas relaciones entre su gobierno y el de Joe Biden, en franco deterioro desde que el Departamento de Estado incluyó a varios de los funcionarios más cercanos a Bukele en la llamada Lista Engel, que nombra a sospechosos de corrupción y de participar en criminalidad organizada. La palabra de Washington, se sabe, es la más importante en cualquier negociación con el FMI.
El gobierno Bukele, que suele guardar silencio en temas que se le complica explicar, no ha dicho mucho sobre la negociación con el Fondo. En privado, de acuerdo con dos de los funcionarios consultados, el entorno del Ministro de Hacienda ha mostrado un optimismo moderado, sobre todo luego de que, entre septiembre y octubre, su ministerio hizo varias correcciones al proyecto de presupuesto a petición del FMI.
A mediados de octubre, el FMI había pedido al menos tres veces al gobierno Bukele explicaciones sobre el gasto de los US$389 millones en el marco del Instrumento de Financiamiento Rápido, una herramienta que el Fondo puso a disposición de varios países “para enfrentar la urgente necesidad de balanza de pagos derivada de la pandemia de coronavirus y dirigir fondos rápidamente a los sectores más afectados del país”.
En el comunicado que publicó el 14 de abril de 2020, anunciando la asistencia, el Fondo tuvo buenas palabras para las medidas de choque que el gobierno adoptó en febrero, incluso antes de que el primer caso se detectó en El Salvador. Los problemas vinieron después.
Las sospechas de corrupción en el manejo de los dineros destinados a la atención a Covid-19 por Bukele y sus funcionarios aparecieron muy pronto.
En noviembre de 2020, la Fiscalía General, entonces bajo el mando de Raúl Melara, allanó el Ministerio de Salud tras recibir denuncias de mal uso de fondos Covid-19. Los fiscales también allanaron el Ministerio de Hacienda. La Policía Nacional Civil, al mando de un oficial leal a Bukele, intentó impedir el secuestro de documentos.
Melara dijo, entonces, que las investigaciones se habían nutrido de datos y pesquisas aportadas por la Comisión Internacional contra la Impunidad en El Salvador (CICIES), un mecanismo supranacional de investigación criminal apoyado por la OEA, al que Bukele terminó echando del país en junio de 2021, entre otras cosas por las investigaciones de los fondos Covid-19, por parte de los cuales hoy el FMI aún pide cuentas. En mayo, Rodolfo Delgado, el fiscal general impuesto por Bukele, dio carpetazo a todas las investigaciones.
Aun la primera semana de noviembre, según confirmó uno de los funcionarios salvadoreños consultados, el gobierno seguía sin dar explicaciones completas de los US$389 millones entregados por el Fondo.:quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/S6YJKEEQJFCBZJI36A5BOPHWTY.jpg%20420w)
El mismo ministro Zelaya, quien preside las pláticas con el FMI, había sido señalado por posible corrupción en investigaciones periodísticas que la Fiscalía no retomó. Una empresa relacionada a Zelaya vendió al gobierno mascarillas faciales a sobreprecio, según esa investigación.
El FMI, hasta ahora, ha sido hermético y no ha explicado en detalle a qué se refiere cuando dice que El Salvador debe de “recalibrar” algunas de sus políticas ni si esa palabra tiene que ver con los señalamientos de corrupción, el gasto expansivo del presupuesto o, como especula un asistente legislativo demócrata en la Cámara de Representantes en Washington, con las tendencias autoritarias de Nayib Bukele.
A principios de octubre, cuando en la capital estadounidense estaban por iniciar las llamadas jornadas de otoño en el Banco Mundial y el FMI, una docena de organizaciones de la sociedad salvadoreña y la gran empresa privada enviaron una carta el Fondo en el que pedían que la multilateral presionara al gobierno para reinstaurar a los magistrados destituidos de la Corte Suprema de Justicia, entre otras demandas, como condicionante para avanzar en el acuerdo con el gobierno Bukele.
Desde una óptica política per se, lo que el Fondo evaluará a través de sus cristales financieros y económicos es cómo la plataforma política de Bukele puede afectar la capacidad de pago de El Salvador.
“Es un país con una deuda altísima, que ha hecho movimientos que asustan a los mercados y han hecho bajar la inversión. La incertidumbre contrae los mercados… Las medidas populistas que alejan a los países de los consensos básicos que hay en Washington tampoco ayudan”, dijo en octubre uno de los funcionarios consultados al referirse a la decisión salvadoreña de adoptar el bitcoin y a las primeras versiones del presupuesto 2022.
Otro de los oficiales consultados en Estados Unidos dijo: “Aquí, la percepción se convierte en un dato” y, en el caso de El Salvador y Bukele la percepción es que hay un declive democrático y mucha tensión con Estados Unidos.
El lunes anterior, cuando la delegación de Bukele se aprestaba a dar sus últimas explicaciones al FMI, el choque con Washington escalaba por enésima vez: en San Salvador, Rolando Castro, ministro de Trabajo de Bukele, nombrado en la Lista Engel volvía a emprenderla contra Jean Manes, la diplomática estadounidense de más alto rango en El Salvador, a quien acusó de injerencia indebida; el mismo día, Manes decía algo que ningún diplomático de su país había dicho en público en la historia reciente respecto a las relación bilateral con El Salvador: “No están sólidas”.
Estados Unidos es el país más influyente en el directorio del FMI, a dónde en última instancia van a parar todos los programas y acuerdos bilaterales en busca de aprobación. Una mala relación con Washington nunca es una buena noticia.
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Con información de Infobae
