Aliados por la Democracia rechazó las declaraciones que el presidente de la República, Salvador Sánchez Cerén, vertió en una repentina Cadena Nacional de Radio y Televisión el miércoles contra una resolución de la Sala de lo Constitucional que protege los Fondos de Pensión de los salvadoreños.
La organización de la sociedad civil mostró su repudio a lo que considera un atentado contra la institucionalidad del país y una falta de respeto contra otro poder del Estado.
«Nuestro repudio a la amenaza que el señor Presidente ha hecho a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, al insinuar que ejecutará medidas para insistir en empujar proyectos de reformas de pensiones que no solucionan integralmente el problema del sistema», reza un comunicado presentado por Aliadospor la Democracia en rueda de prensa.
“El presidente está evadiendo la responsabilidad fiscal y previsional, pero sobre todo está amenazando al único garante de justicia en el país y consolidando una visión ideológica que desconoce la separación de poderes”, dijo Domingo Méndez, expresidente de la Corte Suprema de Justicia y director de Aliados por la Democracia.
«Lo que el Presidente de la República hizo ayer, de acusar a la Sala de los problemas del tema de pensiones, es como que un marero de una colonia se quejara porque un policía no lo deja robar en la cuadra», dijo por su parte, Jorge Daboub, expresidente de la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP) y miembro del tanque de pensamiento de la organización civil.
“Tenemos enfrente a un gobierno totalitario, no les interesa soluciones, quieren someternos a la desgracia que viven países como Venezuela”, continuó Daboub.
Por su parte, Federico Hernández, Director Ejecutivo de la Cámara de Comercio, se refirió a Sánchez Cerén advirtiendo que “Acusa a la Sala de estar violando el debido proceso cuando el debido proceso se ha violado en la Asamblea Legislativa y eso el Presidente no se acuerda en esa cadena de radio y TV que hemos pagado todos con nuestros impuestos”
La Sala de lo Constitucional dejó sin efecto una reforma confiscatoria aprobada con los votos del oficialismo del FMLN, GANA, el PCN y un voto disidente de ARENA para aumentar la proporción de fondos de pensiones invertidos en Certificados de Inversión Previsionales (CIP), del 45% al 50%, significando unos $500 millones que el Estado habría utilizado parcialmente en el pago de las pensiones del sistema público y en el gasto corriente del Ejecutivo.
