Un error en la tipificación de los cargos que la FGR presentó contra los cinco implicados en las nueve muertes ocurridas en el Estadio Cuscatlán el pasado 20 de mayo, permitió que estos conciliaran con los familiares de las víctimas y quedaran libres, sin embargo, no fueron liberados en desobediencia a la sentencia y hoy el Ministerio Público los acusará por agrupaciones ilícitas, según fuentes judiciales.
Pedro Hernández, presidente del Alianza; Edwin Abarca, gerente del Alianza; Zoila Córdova, gerente financiera del Alianza; Reynaldo Avelar Contreras, gerente general de Escenarios Deportivos de El Salvador (EDESSA); y Samuel García Montano, encargado de las llaves del estadio, fueron acusados inicialmente por los delitos de homicidio culposo, lesiones culposas y estragos públicos, todos los delitos acusados por el fiscal del caso son conciliables por lo que, al llegar a un acuerdo con los afectados debieron recuperar su libertad, pero ahora el Ministerio Público ordena nuevamente su captura acusándolos por agrupaciones ilícitas.
El Juzgado Primero de Paz de San Salvador decretó el 2 de junio sobreseimiento definitivo por los delitos de homicidio y lesiones culposas, y una suspensión de un año en el proceso por estragos públicas, para permitir que los acusados cumplieran con una serie de medidas para mejorar la seguridad en el recinto deportivo en futuros eventos.
Sin embargo, la Fiscalía publicó en sus redes sociales que apelaría la decisión y mientras se cumplía la orden del juez, mandó a la Policía Nacional Civil (PNC) recapturar a los dirigentes deportivos bajo el nuevo cargo.
