Experto advierte que tropas salvadoreñas podrían agregar caos a la lucha contra las pandillas en Haití

Romain Le Cour Grandmaison sostiene que las bandas haitianas tienen características de milicias armadas, con control territorial, armamento de guerra y redes de protección política y económica. Otros especialistas cuestionan que la estrategia de seguridad aplicada en El Salvador pueda reproducirse en un país con instituciones debilitadas y organizaciones criminales de naturaleza diferente

by Redacción LaGaceta503

La participación de militares salvadoreños en las operaciones de seguridad contra las organizaciones criminales de Haití ha abierto un debate internacional sobre la viabilidad de trasladar el modelo de combate a las pandillas implementado por el Gobierno de Nayib Bukele a un país que enfrenta una crisis de seguridad, institucionalidad y gobernabilidad de enormes dimensiones.

Romain Le Cour Grandmaison, director del Observatorio de Haití y el Caribe de la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional (GI-TOC), advirtió que la presencia de tropas salvadoreñas podría contribuir a empeorar la situación si sus operaciones no se integran en una estrategia común con las demás fuerzas que intervienen en el territorio haitiano.

En declaraciones recogidas y reproducidas por medios internacionales, el especialista señaló que una estrategia conjunta y coordinada de las cinco fuerzas que participan en las operaciones de seguridad podría marcar una diferencia, debido a que Haití necesita incrementar su capacidad operativa para enfrentar a las organizaciones armadas.

Sin embargo, advirtió sobre las consecuencias de que los militares salvadoreños actúen de manera independiente.

“Lo que hacen, lamentablemente, es agregar caos a esta estrategia completamente disfuncional que ya existe”, afirmó Le Cour Grandmaison.

El experto también cuestionó la posibilidad de equiparar las organizaciones criminales haitianas con las maras que operaron durante décadas en El Salvador y otros países centroamericanos.

“Las pandillas en Haití no se parecen a la pandilla de un barrio en Estados Unidos o en América Latina. Se parecen mucho más a milicias”, explicó.

La diferencia no es solamente semántica. Según el especialista, las organizaciones haitianas han evolucionado hasta convertirse en estructuras armadas con capacidad para controlar territorios extensos, imponer reglas a las comunidades, administrar actividades económicas ilegales y disputar el poder a las instituciones estatales.

Cinco fuerzas en un escenario de seguridad fragmentado

El escenario haitiano presenta una particularidad: actualmente intervienen cinco estructuras nacionales e internacionales en el combate contra las organizaciones armadas.

De acuerdo con información de la agencia EFE reproducida por Infobae, estas fuerzas son la Policía Nacional de Haití, un grupo armado bajo control gubernamental, la Fuerza de Supresión de Pandillas respaldada por Naciones Unidas, el Ejército haitiano y el contingente militar salvadoreño.

La falta de coordinación entre estas estructuras quedó evidenciada durante las operaciones del 13 de noviembre, cuando las fuerzas de seguridad recuperaron el estadio Sylvio Cator, en Puerto Príncipe, que permanecía bajo control de grupos armados.

La situación también ha generado interrogantes sobre el mando y las condiciones legales de la participación salvadoreña.

Según Le Cour Grandmaison, no se conocen públicamente con suficiente claridad las reglas de enfrentamiento, los objetivos operativos ni la duración del despliegue militar salvadoreño.

El experto señaló anteriormente a Deutsche Welle (DW) que, aunque el Gobierno haitiano ha presentado la participación salvadoreña como parte de la cooperación internacional, las autoridades de El Salvador no han explicado de manera igualmente clara bajo qué estructura multilateral operan sus efectivos.

La resolución 2793 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas autorizó la creación de la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF), con una capacidad autorizada de hasta 5,500 efectivos uniformados y 50 civiles. Su mandato establece que debe trabajar en coordinación con la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas haitianas, respetando el derecho internacional y los derechos humanos.

La ONU también establece que el objetivo de la fuerza no debe limitarse a las operaciones armadas: incluye fortalecer las capacidades institucionales haitianas, combatir el tráfico ilegal de armas y crear condiciones para la asistencia humanitaria y la recuperación de la seguridad pública.

La participación salvadoreña, por tanto, plantea una interrogante fundamental: ¿puede una fuerza militar extranjera obtener resultados sostenibles si sus operaciones no están integradas plenamente en una estrategia institucional y de seguridad compartida?

Expertos cuestionan la posibilidad de exportar el modelo salvadoreño

Las advertencias de Le Cour Grandmaison coinciden con las opiniones de otros especialistas consultados por medios internacionales.

Günther Maihold, profesor del Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Universidad Libre de Berlín, explicó a DW que las organizaciones criminales de Haití y las pandillas salvadoreñas presentan diferencias importantes.

El académico recordó que las pandillas salvadoreñas se entregaron sin oponer una resistencia armada comparable a la que enfrentan actualmente las fuerzas de seguridad en Haití.

También señaló que en el país caribeño existe una penetración mucho más extendida del crimen organizado y una participación de actores vinculados a estructuras militares, policiales y políticas, tanto dentro como fuera del aparato estatal.

Le Cour Grandmaison fue todavía más específico al describir las condiciones institucionales haitianas.

A su juicio, el país no reúne actualmente las condiciones para reproducir el modelo salvadoreño, debido a que su sistema penitenciario quedó gravemente afectado después de las liberaciones masivas de presos de 2024 y su sistema de justicia permanece prácticamente paralizado.

El especialista advirtió que las operaciones militares pueden conseguir resultados tácticos, como recuperar determinados territorios o neutralizar dirigentes criminales, pero esos avances no necesariamente se mantienen si no se reconstruyen las instituciones encargadas de garantizar la seguridad y administrar justicia.

Recordó como antecedente las dificultades de las anteriores misiones internacionales en Haití, incluida la MINUSTAH, para demostrar que recuperar territorios mediante operaciones de seguridad no garantiza una estabilidad duradera.

El análisis de especialistas salvadoreños

Desde una perspectiva vinculada directamente con la experiencia salvadoreña, la periodista Carmen Rodríguez, salvadoreña radicada en el exilio en Washington, cuestionó la sostenibilidad del modelo de seguridad basado principalmente en la represión.

En declaraciones recogidas por DW, Rodríguez sostuvo que la política de mano dura no incorpora suficientes componentes para atender las causas estructurales de la violencia.

También cuestionó el impacto del encarcelamiento masivo en El Salvador y consideró que la estrategia no ha resuelto los problemas que alimentan la criminalidad, sino que los ha transformado.

Por su parte, José Miguel Cruz, profesor asociado del Departamento de Criminología y Justicia Penal de la Universidad Internacional de Florida (FIU), expresó dudas sobre las consecuencias de una intervención que se concentre exclusivamente en el uso de la fuerza.

Cruz consideró que una operación sin un plan integral, sin suficiente claridad sobre su mandato y sin respaldo de la población haitiana podría provocar una reacción adversa tanto de las organizaciones criminales como de sectores de la sociedad.

El académico también advirtió que la intervención militar salvadoreña podría tener consecuencias para El Salvador, al involucrar a sus efectivos en un conflicto extranjero sin que exista suficiente claridad pública sobre los objetivos y las condiciones de la operación.

Respecto al papel estadounidense, Cruz consideró que Washington probablemente tiene conocimiento y algún grado de respaldo a la operación salvadoreña.

Le Cour Grandmaison también señaló que Estados Unidos desempeña un papel central, aunque discreto públicamente, en la configuración de la estrategia internacional de seguridad para Haití.

Es importante recordar que Estados Unidos impulsó la creación de la Fuerza de Supresión de Pandillas y que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas autorizó su funcionamiento mediante la resolución 2793 de 2025.

Naciones Unidas: las pandillas haitianas son redes criminales con poder territorial y político

Los informes de Naciones Unidas ofrecen elementos adicionales para comprender por qué la situación haitiana es diferente de la que enfrentó El Salvador con las maras.

El informe final del Panel de Expertos sobre Haití del Consejo de Seguridad, publicado en septiembre de 2026, documentó que las organizaciones armadas mantienen una considerable capacidad de adaptación y resistencia, incluso ante el incremento de las operaciones de seguridad.

El documento señala que las bandas reciben apoyo de actores políticos, económicos y de seguridad que tienen intereses en las actividades criminales.

También advierte que perseguir o eliminar a los líderes de las organizaciones sin intervenir las redes que las sostienen resulta insuficiente para debilitarlas de manera duradera.

El informe registró 3,165 personas asesinadas y 1,551 heridas como consecuencia de la violencia armada entre octubre de 2025 y abril de 2026. El 65 % de las víctimas se produjo durante operaciones de seguridad y el 30 % durante ataques de las propias pandillas.

Otro dato particularmente preocupante es que el desplazamiento interno alcanzó aproximadamente 1.5 millones de personas, alrededor del 12 % de la población haitiana.

El documento también identifica el tráfico internacional de armas y municiones como uno de los principales factores que permiten a las organizaciones criminales mantener su capacidad de fuego.

Las estructuras armadas no solamente controlan barrios: han consolidado posiciones en corredores económicos, carreteras, zonas agrícolas y rutas estratégicas para el tráfico de mercancías y drogas.

La ONU también ha documentado el reclutamiento de menores, los secuestros, la violencia sexual y la extorsión sistemática como mecanismos utilizados por estas organizaciones para mantener el control sobre la población.

En mayo de 2025, el Departamento de Estado de Estados Unidos designó a las coaliciones Viv Ansanm y Gran Grif como organizaciones terroristas extranjeras, una decisión que refleja la dimensión internacional que Washington atribuye a estas estructuras.

Las diferencias entre las maras salvadoreñas y las organizaciones armadas haitianas

La comparación entre ambos países requiere considerar las características particulares de sus organizaciones criminales.

En El Salvador, las principales pandillas históricas, como la Mara Salvatrucha y Barrio 18, desarrollaron estructuras territoriales basadas en el control de comunidades, la extorsión, el reclutamiento y otras actividades delictivas.

En Haití, aunque también existen extorsión, secuestros y control territorial, las organizaciones armadas han desarrollado capacidades adicionales que las acercan a estructuras de carácter paramilitar.

Algunas coaliciones reúnen miles de integrantes, disponen de fusiles de grado militar y mantienen capacidad para disputar el control de carreteras, puertos y territorios estratégicos.

Además, su funcionamiento está relacionado con redes de financiamiento, tráfico de armas y conexiones con actores políticos y económicos.

La coalición Viv Ansanm, que agrupa a diferentes organizaciones armadas, es un ejemplo de esta evolución. Según estimaciones citadas por International Crisis Group en información reproducida por EFE, habría llegado a reunir entre 12,000 y 20,000 integrantes, aunque no todos cuentan con armamento de guerra.

Estas condiciones representan un desafío diferente al de combatir estructuras criminales que, aunque también ejercen violencia y control territorial, no necesariamente disponen de las mismas capacidades militares y redes de respaldo.

El Salvador no puede asumir que su experiencia será suficiente en Haití

La participación salvadoreña en las operaciones contra las organizaciones criminales haitianas representa un desafío que trasciende la capacidad militar de sus efectivos.

La experiencia acumulada por El Salvador en el combate contra las pandillas puede aportar conocimientos operativos, pero no constituye una garantía de éxito frente a organizaciones cuya naturaleza, capacidad de fuego, estructura económica y relaciones con el poder político son diferentes.

Los especialistas coinciden en que la recuperación de territorios debe acompañarse de instituciones policiales y judiciales funcionales, control de las armas, desarticulación de las redes financieras criminales y reconstrucción de la autoridad estatal.

La advertencia de Le Cour Grandmaison sobre el riesgo de agregar caos a una estrategia de seguridad ya disfuncional pone de relieve que el problema haitiano no se resolverá únicamente mediante el despliegue de más soldados o la eliminación de dirigentes criminales.

“Que El Salvador haya logrado reducir considerablemente la capacidad operativa y el control territorial de los grupos delincuenciales conocidos como pandillas no significa que pueda reproducir automáticamente ese resultado en Haití. Mucho menos constituye una garantía de que sus fuerzas militares puedan controlar a las temibles y criminales organizaciones armadas haitianas, que operan con características de milicias, armamento de guerra, control de territorios y redes de protección política y económica.”

El desafío para El Salvador consiste, por tanto, en comprender que una experiencia nacional de seguridad no puede convertirse automáticamente en una fórmula universal. Haití necesita una estrategia integral, coordinada y sostenida que no solamente enfrente a las organizaciones armadas, sino que también desarticule las estructuras que permiten su existencia y reconstruya la autoridad de sus instituciones.

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