En El Salvador hay una cifra que casi todos conocen. Los hogares salvadoreños recibieron $9,987.9 millones en remesas al cierre de 2025, la cifra más alta desde que el BCR comenzó la serie en 1991. Según el BID, esos envíos equivalen al 27.3 % del PIB. Detrás de ese número no hay una abstracción macroeconómica. Hay cocineros, albañiles, cuidadoras y camioneros que cada mes mandan parte de su salario a casa. En el primer semestre de 2026 las remesas superaron los $5,000 millones, con un crecimiento de 4.5 %.
Pero la contribución del migrante no termina en lo que envía. Se mide sobre todo en lo que produce en el país donde vive. En Estados Unidos, el crecimiento de la población en edad de trabajar nacida en el país ha sido débil, y casi todo el crecimiento de la fuerza laboral ha venido de la inmigración. La Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO) estimó que la oleada migratoria reciente dejaría el PIB real 2.9 % más alto en 2034. Cuando la política cambia de rumbo, la factura también se calcula. La CBO proyecta que los cambios en política migratoria frenarán el crecimiento de la oferta laboral y sumarán medio billón de dólares al déficit por menores ingresos fiscales.
No es solo un fenómeno estadounidense. Una presentación del economista Peri en el foro del Banco Central Europeo de 2026 concluye que, en economías avanzadas que envejecen, la inmigración neta predice mayor crecimiento del PIB por trabajador, con el efecto más fuerte en la inmigración calificada y un efecto neutro en la de baja calificación. Ni siquiera el trabajo menos calificado resta productividad.
Tampoco se sostiene la idea de que el migrante es una carga fiscal por definición. Un panel de las Academias Nacionales de Ciencias de EE. UU. encontró que el impacto de la inmigración sobre los salarios de los trabajadores nativos en conjunto es muy pequeño a 10 años o más, y que un inmigrante y un nativo con características similares tienen un impacto fiscal parecido. Lo que cuenta es la edad, la educación y el empleo, no el pasaporte.
Para El Salvador esto no es un debate ajeno. Entre enero y junio de 2026, 9,829 salvadoreños fueron deportados desde Estados Unidos, un 77 % más que en el mismo periodo de 2025. Cada deportación es un trabajador que deja de producir en un mercado donde estaba integrado, y un aporte que deja de llegar a una familia aquí. La CEPAL advierte que las remesas centroamericanas enfrentan múltiples riesgos en 2026, como menos remitentes activos en EE. UU. y restricciones migratorias. Un país que vive en buena parte de su diáspora no puede tratar al migrante como problema en otras fronteras y como héroe en la propia. Tampoco puede ver a quien regresa como un fracaso. Es talento, ahorro y experiencia a los que hay que ofrecer reinserción.
Una postura honesta debe reconocer los argumentos contrarios. Los mismos estudios muestran costos. Los inmigrantes de primera generación cuestan más a los gobiernos que los nativos, sobre todo a nivel estatal y local. Los trabajadores más parecidos a los recién llegados pueden ver menores salarios o menor empleo. El economista George Borjas sostiene que la política actual genera una transferencia de riqueza de los trabajadores a las empresas. Otros trabajos matizan: un estudio de Colas y Sachs estima que, por efectos indirectos, cada inmigrante de baja calificación aporta entre $700 y $2,100 al año a las finanzas públicas. Que haya costos concentrados no cambia el balance, pero sí exige política pública. Integración laboral, financiamiento de servicios locales, vías legales de ingreso y respeto a los derechos laborales son la forma de que ese aporte llegue a todos.
Por eso sostenemos que la población migrante es un activo. Sostener que “siempre” lo es no es negar los costos de transición. Es afirmar que la persona migrante trae trabajo, consumo, ahorro, ideas y futuro. Que ese valor se aproveche o se desperdicie depende de las decisiones de los gobiernos, no de quienes cruzan la frontera.
