Nuevas Ideas presentó el viernes ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE) la solicitud de inscripción de sus 60 candidatos a diputados propietarios y suplentes para las elecciones generales del 28 de febrero de 2027. La planilla cubre los 14 departamentos del país y la circunscripción especial de la diáspora salvadoreña.
El presidente del partido, Xavi Zablah, llegó al TSE acompañado por el presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, y por simpatizantes concentrados frente al organismo electoral. Zablah planteó como objetivo obtener la totalidad de los escaños del Parlamento.
“Sesenta de sesenta es lo que necesitamos para que este país siga cambiando”, declaró el dirigente en un video. También afirmó que los diputados de Nuevas Ideas “son los únicos” que aprobarán siempre las iniciativas del presidente Nayib Bukele, ignorando a sus aliados legislativos del PDC, PCN y Gana,
Una planilla con continuidad
La nómina incluye 47 diputados propietarios y siete suplentes que buscan un escaño titular. Diez de los 60 postulantes no son legisladores actuales: entre ellos hay empresarios, dirigentes partidarios, una concejal de La Paz Este, un abogado y una diputada suplente del Parlamento Centroamericano (Parlacen).
Castro, quien busca la reelección como diputado, sostuvo que la inscripción formaliza la intención del oficialismo de competir en las 15 circunscripciones electorales: 14 nacionales y una en el exterior. Aseguró que el partido entregó todos los requisitos exigidos por el TSE.
Entre los actuales diputados que no aparecen en la nueva planilla están Dania González y Ana Magdalena Figueroa, de San Salvador; Maricela de Guardado, de Usulután; Saúl Mancía, de Chalatenango; y Walter Coto, de La Paz. Mancía indicó que se dedicará a proyectos culturales.
El contexto: una Asamblea sin contrapesos
En las elecciones de 2024, Nuevas Ideas obtuvo 54 de los 60 escaños de la Asamblea Legislativa. La oposición quedó reducida a tres curules: dos para ARENA y uno para VAMOS, ocupado por la diputada Claudia Ortiz.
Los seis escaños restantes corresponden a partidos aliados del oficialismo: el Partido de Concertación Nacional (PCN), el Partido Demócrata Cristiano (PDC) y la Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA), que en la práctica han respaldado las iniciativas del Ejecutivo y de la fracción oficialista.
Esa correlación de fuerzas convirtió al Parlamento en una cámara de respaldo casi automático al presidente Bukele. La oposición, con apenas tres escaños, carece de capacidad para bloquear leyes, reformas constitucionales o decisiones presupuestarias que requieran mayoría calificada.
La meta de “60 de 60” para 2027 representa, por tanto, una ampliación del dominio oficialista: eliminar incluso los tres escaños de oposición que sobrevivieron en 2024 y consolidar una Asamblea Legislativa sin representación plural.
El origen de la mayoría oficialista
La concentración de poder en el Legislativo se inició el 1 de mayo de 2021, cuando la Asamblea dominada por Nuevas Ideas y sus aliados destituyó a los cinco magistrados propietarios y a los cinco suplentes de la Sala de lo Constitucional, además del fiscal general Raúl Melara. La decisión fue aprobada con 64 de 84 votos, en una sesión convocada con dispensa de trámite apenas horas después de instalarse la nueva legislatura.
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos expresó preocupación por la medida y por las reformas a la Ley de la Carrera Judicial y a la Ley Orgánica de la Fiscalía, aprobadas en agosto de 2021 sin mayor debate y con 63 votos.
Posteriormente, la Asamblea redujo el número de diputados de 84 a 60 y eliminó los escaños asignados por cociente electoral y residuo, un mecanismo que históricamente permitía que partidos pequeños accedieran al Parlamento. La reforma favoreció a las fuerzas con mayor concentración de votos y redujo la representación de opciones minoritarias.
Los “puyabotones”
La expresión “puyabotones” se popularizó como apodo crítico para los diputados de Nuevas Ideas, por su tendencia a aprobar de manera rápida y uniforme las iniciativas impulsadas por la presidencia, incluso las más controvertidas. El término alude a la figura del “botón” que activa una decisión sin deliberación autónoma.
La retórica de Zablah refuerza esa percepción: al asegurar que sus diputados “no van a titubear” en aprobar lo que venga del presidente, el dirigente oficialista presenta la obediencia legislativa como una virtud de gobernabilidad.
Para sectores opositores, juristas y organizaciones de derechos humanos, esa dinámica representa una erosión de la separación de poderes: un Legislativo que no delibera, controla o frena al Ejecutivo pierde su función constitucional de contrapeso.
Origen del partido y dominio del Ejecutivo
Nuevas Ideas nació tras la ruptura de Bukele con la exguerrilla del FMLN, partido con el que ganó las alcaldías de Nuevo Cuscatlán y San Salvador. El TSE registró al partido en agosto de 2018, demasiado tarde para que Bukele compitiera con esa bandera en las presidenciales de 2019, por lo que se postuló con la Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA).
El partido debutó en las legislativas de 2021 y obtuvo 56 de 84 escaños, una mayoría que le permitió controlar la Asamblea y transformar la correlación de fuerzas institucionales.
Para 2027, Bukele buscará un tercer mandato presidencial consecutivo, mientras Nuevas Ideas intenta conservar el control total del Legislativo. Las elecciones también renovarán concejos municipales.
La campaña anticipada
Castro rechazó las críticas de sectores opositores sobre una eventual campaña anticipada. Argumentó que las visitas a comunidades, la atención de demandas locales y las gestiones de los diputados son trabajo de servicio, no proselitismo.
El titular del Legislativo pidió a sus correligionarios evitar “discusiones estériles” con la oposición y concentrarse en el contacto territorial. Afirmó que el resultado electoral dependerá de “la voluntad de Dios y la voluntad del pueblo”.
La inscripción de los 60 candidatos marca el inicio formal de una contienda en la que Nuevas Ideas no solo buscará renovar su dominio parlamentario, sino también consolidar un modelo político en el que la lealtad al presidente —y no la deliberación plural— sigue siendo el principal criterio de acción legislativa.
