El presidente Nayib Bukele descartó que su Gobierno tenga previsto liberar a integrantes de las pandillas salvadoreñas, pero confirmó que evalúa conceder beneficios penitenciarios que permitirían a unos 5,000 presos, clasificados como colaboradores de esas estructuras criminales, abandonar la cárcel antes de cumplir sus condenas.
La aclaración fue realizada la noche del viernes 16 de octubre durante una conferencia de prensa en Casa Presidencial, en la que el mandatario compareció junto a la presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, de visita oficial en El Salvador.
Bukele cuestionó las informaciones que interpretaron su anuncio inicial como un plan para liberar a la mitad de los más de 90,000 detenidos bajo el régimen de excepción, vigente desde marzo de 2022. Según explicó, la revisión no abarcará a la totalidad de los reclusos vinculados con las pandillas, sino a un grupo específico de personas que las autoridades clasifican como colaboradores y que no consideran integrantes formales de esas organizaciones.
«Ningún pandillero va a salir libre, nunca», sostuvo el gobernante, de acuerdo con declaraciones difundidas por medios salvadoreños.
El mandatario precisó que las autoridades identifican a 10,629 personas dentro de esa categoría y que una revisión preliminar apunta a que aproximadamente el 50 % podría acceder a beneficios que facilitarían su salida anticipada de prisión. La cifra equivale a alrededor de 5,300 personas, aunque el número definitivo dependerá de la evaluación de cada expediente.
La aclaración modifica el alcance de su anuncio del martes 13 de octubre, cuando Bukele afirmó que existía un plan de liberación anticipada que podría beneficiar a cerca de la mitad de los presos que habían colaborado con las pandillas. En aquella intervención no había delimitado con la misma precisión el universo de personas que sería evaluado.
El Gobierno distingue entre pandilleros y colaboradores
Durante su explicación, Bukele presentó una clasificación de la población penitenciaria según el grado de vinculación con las estructuras criminales. Diferenció a los integrantes formales de las pandillas, a quienes desempeñaban funciones de apoyo de manera habitual y a quienes las autoridades consideran colaboradores ocasionales.
Entre estos últimos mencionó a personas que, sin pertenecer formalmente a una pandilla, pudieron haber ayudado en circunstancias específicas, por ejemplo, al ocultar la presencia de delincuentes o al advertirles sobre la llegada de la Policía.
El presidente sostuvo que esas conductas pueden constituir delitos, pero argumentó que no implican necesariamente el mismo nivel de responsabilidad que la pertenencia activa a una organización criminal.
La propuesta contempla revisar qué personas podrían acceder a beneficios penitenciarios, entre ellos los vinculados al programa Cero Ocio, mediante el cual los reclusos participan en actividades laborales y trabajos de utilidad pública.
Bukele afirmó que el propósito es permitir que determinados presos puedan salir antes de cumplir la totalidad de sus condenas, siempre que reúnan las condiciones aplicables. No obstante, el Gobierno no ha publicado un listado de beneficiarios ni un calendario definitivo de excarcelaciones.
Tampoco se han detallado públicamente todos los criterios jurídicos que se utilizarán para determinar quién puede acogerse al mecanismo, qué autoridad resolverá cada expediente o cuáles serán las condiciones de supervisión posteriores a la salida de prisión.
Por esa razón, el anuncio debe distinguirse de una orden de excarcelación inmediata: se trata de una revisión que podría derivar en beneficios para una parte de los reclusos clasificados como colaboradores.
ARENA y Vamos cuestionan la prioridad del Gobierno
La explicación presidencial no ha cerrado el debate político. Los partidos opositores ARENA y Vamos cuestionaron el plan y reclamaron que las autoridades atiendan primero los casos de personas que, según sus familiares y representantes legales, fueron detenidas injustamente durante el régimen de excepción.
El diputado Francisco Lira, de ARENA, cuestionó que el Gobierno plantee beneficios para personas señaladas de colaborar con pandillas mientras persisten denuncias de detenidos que aseguran no haber cometido delitos e incluso de personas que, según sus familiares, cuentan con resoluciones judiciales favorables a su liberación.
«¿Y los que tienen carta de libertad, para cuándo?», reclamó Lira al cuestionar la iniciativa gubernamental, según declaraciones recogidas por la prensa nacional.
El legislador también recordó que el oficialismo ha defendido durante años una política de endurecimiento penal contra las pandillas y cuestionó la aparente contradicción entre ese discurso y la posibilidad de conceder beneficios a personas condenadas por colaborar con esas organizaciones.
ARENA ha solicitado la creación de una comisión de alto nivel para revisar los casos de personas que considera inocentes y garantizar que las decisiones se adopten con participación de las instituciones competentes en materia de seguridad, justicia y derechos humanos. La iniciativa presentada por Lira obtuvo únicamente tres votos legislativos, dos de ARENA y uno de Vamos, según los reportes de la sesión.
Vamos, por su parte, respondió al anuncio presidencial con un mensaje público en el que cuestionó quién está proponiendo liberar a personas vinculadas con las pandillas. La formación sostuvo que su posición ha sido exigir el debido proceso, juzgar a quienes sean responsables de delitos y liberar a quienes fueron detenidos injustamente.
La controversia tiene un componente político adicional: durante los últimos años, el oficialismo ha acusado a sectores de oposición de favorecer la liberación de pandilleros cuando reclamaban garantías judiciales para los detenidos bajo el régimen de excepción. Ahora, la posibilidad de conceder beneficios penitenciarios a colaboradores ha llevado a esos partidos a exigir explicaciones sobre los criterios que aplicará el Ejecutivo.
Sin embargo, la revisión de casos de personas condenadas por colaboración y la liberación de detenidos que no debieron ser encarcelados son procedimientos distintos. El primero se relaciona con beneficios penitenciarios; el segundo exige examinar la legalidad de las capturas, las pruebas y las resoluciones judiciales correspondientes.
El régimen de excepción y las denuncias por detenciones arbitrarias
El debate se desarrolla en el contexto de una de las principales políticas de seguridad del Gobierno de Bukele. Desde marzo de 2022, las autoridades han detenido a más de 90,000 personas bajo el régimen de excepción, instaurado después de una escalada de homicidios atribuida a las pandillas.
La estrategia ha coincidido con una reducción pronunciada de los homicidios registrados oficialmente. El Gobierno atribuye ese resultado a su ofensiva contra la MS-13 y las facciones del Barrio 18, mientras mantiene que las medidas extraordinarias son necesarias para impedir el regreso de esas organizaciones.
Pero la política también ha sido objeto de críticas de organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos, que han denunciado detenciones arbitrarias, dificultades para acceder a una defensa efectiva, malos tratos y fallecimientos bajo custodia estatal.
La agencia Associated Press informó esta semana que el régimen ha permitido reducir drásticamente la violencia homicida, pero también ha suspendido garantías fundamentales y generado denuncias sobre capturas indiscriminadas. Organizaciones defensoras de derechos humanos han reclamado investigaciones independientes y mecanismos para reparar a las personas detenidas sin pruebas suficientes.
La discusión sobre los beneficios penitenciarios reabre, por tanto, una pregunta que trasciende la confrontación entre el Gobierno y sus adversarios: cómo garantizar que quienes cometieron delitos respondan ante la justicia sin mantener encarceladas a personas cuya responsabilidad no ha sido demostrada.
El Ejecutivo sostiene que las personas clasificadas como colaboradoras cometieron algún tipo de delito, aunque su participación haya sido menor. Las organizaciones críticas, en cambio, han insistido en que la revisión de los expedientes debe incluir garantías para identificar errores judiciales y reparar los daños causados a quienes fueron detenidos injustamente.
Una medida pendiente de criterios y resultados
El Gobierno todavía debe precisar cómo funcionará el mecanismo anunciado, qué requisitos deberán cumplir los potenciales beneficiarios y qué procedimientos se aplicarán para supervisar a quienes recuperen la libertad anticipadamente.
También queda por conocer si las decisiones serán revisadas individualmente por las autoridades judiciales competentes, qué recursos podrán presentar las partes afectadas y cómo se garantizará la transparencia del proceso.
La cifra de aproximadamente 5,000 posibles beneficiarios procede de la estimación preliminar presentada por Bukele y no representa una lista definitiva de personas que saldrán de prisión. El presidente habló de revisar los casos de alrededor de la mitad de los 10,629 reclusos clasificados como colaboradores, sin anunciar que todos ellos cumplan los requisitos.
Mientras el Ejecutivo defiende la distinción entre miembros de pandillas y colaboradores ocasionales, la oposición reclama que se atienda también a los detenidos que aseguran ser inocentes y a quienes cuentan con resoluciones judiciales que deberían permitirles recuperar la libertad.
El alcance real de la medida dependerá de los criterios legales que se publiquen y de la forma en que se apliquen. Hasta entonces, la posición oficial es que no se contempla liberar a integrantes de las pandillas, aunque sí se evalúan beneficios penitenciarios para una parte de los presos clasificados como colaboradores.
