El presidente Nayib Bukele anunció el martes un acuerdo con el grupo español Cox para desarrollar proyectos por 2,900 millones de dólares en energía, gas natural, agua potable y saneamiento. El Gobierno lo presentó como la mayor inversión privada anunciada hasta ahora en el país, en una apuesta que busca ampliar la capacidad energética y convertir a El Salvador en un punto de distribución regional.
El acuerdo fue suscrito en Casa Presidencial por Bukele y Enrique Riquelme, presidente ejecutivo de Cox, durante un acto al que asistieron funcionarios salvadoreños, representantes de la compañía y el embajador de España. La cifra equivale aproximadamente al 7 % del producto interno bruto salvadoreño, según la comparación divulgada en medios locales.
La dimensión del anuncio, sin embargo, requiere una precisión: se trata de un compromiso formalizado mediante un memorando de entendimiento. La información publicada no establece que los 2.900 millones de dólares hayan sido desembolsados, ni detalla un calendario completo de ejecución, las fuentes de financiamiento de cada proyecto o las fechas de entrada en funcionamiento.
Cómo se distribuirán los $2,900 millones
La inversión se divide en tres grandes áreas, con cuatro componentes anunciados por el Gobierno:
- Gas natural: $1,800 millones. Es el rubro de mayor cuantía. La propuesta contempla infraestructura para importar, almacenar y comercializar gas natural, con la intención de abastecer el mercado salvadoreño y desarrollar operaciones de alcance regional.
- Almacenamiento de energía: $300 millones. Se destinarían a sistemas de baterías vinculados con la generación eléctrica, para almacenar energía y contribuir a una mayor flexibilidad del suministro.
- Plantas solares: $200 millones. Cox desarrollaría proyectos fotovoltaicos para ampliar la generación de electricidad a partir de energía solar.
- Agua potable y saneamiento: $600 millones. El plan incluye obras para mejorar la gestión del recurso hídrico, el suministro de agua y los servicios de saneamiento.
En conjunto, los componentes suman los 2.900 millones de dólares anunciados. Los montos fueron divulgados por Bukele y recogidos por medios nacionales e internacionales.
El proyecto energético incluye la aspiración de comenzar con una capacidad de alrededor de 450 megavatios y avanzar hacia los 1.000 megavatios, de acuerdo con los detalles publicados por la prensa salvadoreña. Para valorar el alcance de esa meta será necesario conocer qué instalaciones la respaldarán, cómo se conectarán al sistema eléctrico y en qué plazos se incorporará la nueva capacidad.
El objetivo: convertir al país en un centro energético regional
La apuesta más ambiciosa de Cox no se limita a producir electricidad para el consumo nacional. La infraestructura de gas natural busca abrir la posibilidad de importar el combustible, almacenarlo y comercializarlo con otros mercados de Centroamérica.
Enrique Riquelme ha planteado que El Salvador podría aprovechar esa infraestructura para participar en el comercio energético regional. La viabilidad de esa aspiración dependerá, entre otros factores, de la construcción de las instalaciones, el acceso al suministro internacional de gas, la demanda de los países vecinos y la existencia de conexiones y acuerdos comerciales que permitan transportar y vender energía.
El componente solar y los sistemas de baterías también podrían modificar la composición de la generación eléctrica. Bukele sostuvo que la entrada en operación de la nueva infraestructura permitiría reducir la dependencia de combustibles como el búnker y, como consecuencia, bajar las tarifas eléctricas para los hogares.
Esa reducción es una expectativa anunciada por el presidente, no un resultado garantizado por la firma del acuerdo. Para comprobarla será necesario conocer los costos de construcción y operación, el precio del gas, las condiciones de contratación, la estructura de generación y la forma en que los eventuales ahorros se trasladarían a los consumidores.
El agua, el segundo gran frente de la inversión
Los 600 millones de dólares anunciados para agua potable y saneamiento representan una parte sustancial del paquete. Bukele calificó el componente como una de las mayores apuestas privadas en este sector en la historia salvadoreña.
La cifra, por sí sola, no permite determinar cuántas comunidades recibirían nuevos servicios, cuántos sistemas serían rehabilitados o qué mejoras se realizarían en el tratamiento de aguas residuales. Para evaluar el impacto social será importante que el Gobierno y la empresa precisen los municipios incluidos, la capacidad de las instalaciones, las metas de cobertura y los mecanismos de supervisión.
El alcance de las obras también dependerá de los acuerdos específicos que se formalicen después del memorando y de los permisos, estudios y procesos de ejecución que correspondan.
El contexto: inversión millonaria y seguridad de infraestructuras críticas
El anuncio se produjo el mismo día en que Bukele mantuvo una conversación telefónica con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio. Según el Departamento de Estado estadounidense, ambos hablaron sobre la protección de infraestructuras críticas, incluidos los puertos, frente a lo que Washington describió como “influencia extranjera maligna”. Rubio también instó a El Salvador a coordinarse con Estados Unidos y otros países en prioridades compartidas ante Naciones Unidas.
La coincidencia temporal coloca la inversión de Cox y la conversación con Rubio en el centro del debate sobre el control, la seguridad y la importancia estratégica de las infraestructuras salvadoreñas. No obstante, los comunicados y reportes consultados no establecen una relación directa entre la llamada y el acuerdo con la empresa española, ni identifican a Cox como objeto de las preocupaciones expresadas por Washington.
El proyecto también se enmarca en la expansión regional de la compañía. En septiembre, Cox anunció que Panamá sería su sede regional para las Américas, como parte de su estrategia para acercarse a mercados y socios de la región. La operación en El Salvador encaja en su apuesta por las infraestructuras de energía y agua, aunque los detalles financieros y operativos de cada proyecto deberán concretarse.
Una cifra histórica que aún debe traducirse en obras
Bukele comparó el nuevo compromiso con dos proyectos anteriores: los 1.100 millones de dólares atribuidos a Energía del Pacífico y los 1.600 millones vinculados con Yilport para la operación y modernización de los puertos de Acajutla y La Unión. Según esa comparación, el acuerdo con Cox supera por sí solo la suma de ambos montos.
Pero los anuncios de inversión no son equivalentes a desembolsos ejecutados. El valor económico final dependerá de cuánto capital llegue efectivamente al país, de la puesta en marcha de las instalaciones y de los resultados que generen.
En los próximos meses, los elementos decisivos serán la publicación de los cronogramas, la definición de las condiciones financieras, la contratación de las obras y la transparencia sobre los compromisos de cada parte. También será necesario conocer cómo se regularán las actividades de importación y comercialización de gas, la integración de la nueva generación al sistema eléctrico y la ejecución de los proyectos hídricos.
La firma de Cox abre una oportunidad para transformar la infraestructura energética y de agua de El Salvador. La prueba de su alcance no será el tamaño del anuncio, sino la inversión efectivamente ejecutada, la capacidad instalada y los beneficios verificables para los hogares y las empresas.
