El Juzgado Segundo de Instrucción de San Salvador resolvió ampliar la fase de investigación contra el exdiputado del FMLN, Schafik Hándal, en un proceso penal que continúa abierto y sin resolución definitiva, según informaron fuentes oficiales el martes.
La decisión prolonga las diligencias fiscales y mantiene el caso en etapa de instrucción a solicitud de la Fiscalía General de la República (FGR), en un contexto marcado por crecientes cuestionamientos al uso del sistema judicial en el país. Diversas organizaciones de derechos humanos han advertido sobre un patrón de procesos dirigidos contra opositores, periodistas y actores críticos del gobierno, señalando la existencia de detenciones prolongadas, restricciones al acceso a la defensa y el uso recurrente de reserva total de expedientes.
Estas prácticas se desarrollan en el marco del régimen de excepción vigente desde 2022, que ha permitido detenciones sin orden judicial y ha flexibilizado garantías procesales. A ello se suma la reconfiguración institucional impulsada desde 2021, cuando la Asamblea Legislativa destituyó y sustituyó a magistrados de la Corte Suprema de Justicia y al fiscal general, lo que, según analistas, debilitó los contrapesos del sistema.
En este escenario, especialistas sostienen que el uso de la justicia penal ha adquirido una dimensión política, en la que los procesos judiciales no solo buscan sancionar delitos, sino también incidir en el equilibrio de fuerzas entre oficialismo y oposición. El avance de casos contra figuras opositoras ocurre además en un contexto cercano a nuevos eventos electorales, lo que ha intensificado el debate sobre la equidad del sistema. El gobierno, por su parte, rechaza estos señalamientos y asegura que las acciones responden a la aplicación de la ley.
