La Policía Nacional Civil (PNC) de El Salvador confirmó el miércoles que el mes de febrero de 2026 finalizó con un total de cinco homicidios en todo el territorio nacional. La cifra consolida la tendencia a la baja en la violencia criminal que el país ha experimentado en los últimos años, aunque analistas sugieren que el enfoque ahora debe virar hacia la sostenibilidad de estas métricas.
Según el informe estadístico de la corporación policial, durante los 28 días de febrero se registraron 24 jornadas con «cero homicidios». Los cinco hechos de sangre reportados se distribuyeron en los departamentos de San Salvador, San Miguel y Santa Ana.
Las autoridades atribuyen este resultado a la continuidad del Plan Control Territorial y al régimen de excepción, que cumplirá próximamente cuatro años de vigencia. «Las estrategias operativas han permitido neutralizar las estructuras remanentes de las pandillas, permitiendo que la población viva en un entorno de paz sin precedentes», declaró un vocero de la corporación.
Con este cierre, El Salvador se mantiene como el país con la tasa de homicidios más baja de América Latina, proyectando una tasa anualizada que se sitúa por debajo de los 2 homicidios por cada 100,000 habitantes.
A pesar del optimismo gubernamental, organizaciones de derechos humanos y observadores internacionales mantienen una postura cautelosa. Expertos en criminología señalan la necesidad de:
- Transparencia de datos: Diversos sectores piden que se desglosen las muertes en centros penales y las desapariciones para obtener un panorama integral de la seguridad.
- Transición institucional: Se cuestiona cuánto tiempo más puede sostenerse la seguridad bajo medidas excepcionales sin retornar a la plena normalidad jurídica.
- Prevención: El enfoque actual en la represión del delito debe, según especialistas, equilibrarse con programas de reinserción y prevención primaria para evitar el resurgimiento de grupos criminales.
La reducción de la violencia ha tenido un impacto directo en la dinamización de la economía local. El sector turismo y el comercio minorista en zonas antes controladas por estructuras criminales reportan un incremento en su actividad, mientras el país intenta atraer inversión extranjera bajo la narrativa de ser el «más seguro del continente».
