La multinacional alemana Bayer alcanzó un nuevo acuerdo por USD 7,250 millones para resolver miles de demandas en Estados Unidos relacionadas con su herbicida Roundup, cuyo principio activo es el glifosato y que ha sido señalado por demandantes de provocar linfoma no Hodgkin.
El pacto forma parte de la estrategia de la empresa para reducir la exposición legal heredada tras la compra de Monsanto en 2018, compañía que desarrolló y comercializó Roundup durante décadas. Desde entonces, Bayer ha enfrentado decenas de miles de reclamaciones en tribunales estadounidenses.
Las demandas sostienen que la empresa no advirtió adecuadamente sobre los riesgos potenciales del glifosato. Varios jurados han fallado a favor de demandantes desde 2018, imponiendo indemnizaciones millonarias —algunas posteriormente reducidas en apelación—.
Bayer insiste en que los acuerdos no constituyen admisión de responsabilidad y mantiene que el glifosato es seguro cuando se utiliza conforme a las indicaciones. La Environmental Protection Agency (EPA) ha sostenido que el compuesto no es cancerígeno en las condiciones de uso aprobadas en Estados Unidos.
En contraste, en 2015 la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer (IARC) clasificó el glifosato como “probablemente carcinogénico para los humanos”, lo que impulsó la ola de litigios.
En El Salvador, el glifosato continúa siendo uno de los herbicidas más utilizados en la agricultura, especialmente en cultivos de maíz, caña de azúcar, café y granos básicos. En el mercado nacional se comercializan distintas formulaciones genéricas y de marca, entre ellas:
- Roundup, distribuido por Bayer.
- Faena, formulación históricamente asociada a Monsanto.
- Panzer, marca genérica distribuida en Centroamérica.
- Glifosato 480 SL, denominación común de múltiples fabricantes para concentraciones al 48%.
- Glifomax, presente en el mercado regional.
Además de estas marcas, existen diversas formulaciones importadas o reetiquetadas por distribuidores locales, registradas ante el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG). El ingrediente activo en todos los casos es el glifosato, aunque pueden variar los coadyuvantes y concentraciones.
Aunque en la última década hubo iniciativas legislativas para restringir determinados agroquímicos por su impacto en la salud y el ambiente, el glifosato no fue objeto de una prohibición general en el país.
¿Qué implica el acuerdo para personas afectadas en El Salvador?
El acuerdo en Estados Unidos no genera automáticamente compensaciones para personas fuera de esa jurisdicción. Solo cubre a quienes interpusieron demandas en tribunales estadounidenses.
En El Salvador, cualquier reclamación dependería del marco legal nacional y de la capacidad de demostrar una relación causal entre la exposición al herbicida y una enfermedad específica. Hasta ahora no se ha desarrollado un litigio masivo similar al de EE.UU.
Organizaciones ambientales han señalado que el caso refuerza la necesidad de fortalecer la vigilancia epidemiológica sobre enfermedades oncológicas en zonas agrícolas y mejorar los controles de uso y protección laboral.
Por su parte, gremiales del sector agrícola sostienen que el glifosato sigue siendo una herramienta clave para la productividad y que su eliminación podría elevar costos de producción.
Debate sanitario y regulatorio abierto
El nuevo desembolso millonario de Bayer se suma a los más de USD 16,000 millones que la empresa ha destinado a provisiones para litigios relacionados con Roundup desde 2018. Aunque el acuerdo reduce la presión judicial en EE.UU., el debate científico y regulatorio continúa abierto a nivel global.
Para El Salvador, el caso plantea interrogantes sobre políticas públicas en materia de agroquímicos, protección de trabajadores agrícolas y acceso a justicia para personas que consideren haber sido afectadas por exposiciones prolongadas a herbicidas a base de glifosato.
