98 mareros pertenecientes a la Mara Salvatrucha, detenidos el pasado viernes en Santa Ana, durante el procedimiento denominado Operación Tecana, fueron trasladados el domingo a los juzgados de San Salvador para afrontar el correspondiente proceso.
Durante la Operación Tecana, en la que se se supone se desmanteló una estructura de lavado de dinero de la Mara Salvatrucha, fueron detenidos 99 sujetos, de los que solo uno no fue llevado a los juzgados, ya que se encuentra hospitalizado bajo custodia policial, según explicaron las autoridades.
Los detenidos serán acusados por homicidio, conspiración para cometer homicidio, privación de libertad, soborno, lavado de dinero, tráfico de objetos prohibidos, cohecho y agrupaciones terroristas.
Además, se trasladaron a los juzgados «60 cajas de evidencia de los ilícitos, bajo un fuerte despliegue de seguridad policial, para que un tribunal especializado conozca el caso», explicó el subdirector de Investigaciones de la Policía Nacional Civil (PNC), Juan Carlos Martínez Marín.
«Desde tempranas horas, se montaron dispositivos especiales de unidades especializadas y tácticas para trasladar a los implicados, y garantizar la seguridad», señaló Martínez Marín.
Tras las detenciones, el director de la Policía Nacional Civil (PNC), Howard Cotto, detalló que la operación denominada «Tecana» es la «más fuerte» desarrollada durante 2017 para golpear la «capacidad logística y financiera» de la MS13.
Señaló que en los más de 180 allanamientos en Santa Ana fueron detenidos los sujetos, entre los que se encuentran cuatro policías y varios «testaferros», quienes «daban la cara públicamente para manejar de forma oscura los negocios de las pandillas».
Cotto explicó que estas personas son propietarias de más de 40 negocios de comida rápida, talleres automotrices, empresas de distribución de diferentes productos y otros, que recibían dinero de dos células de las MS13 y posteriormente devolvían la «inversión» y las ganancias «como si fueran socios».
Añadió que los pandilleros también participaron en 20 asesinatos, privaciones de libertad, sobornos, organizaciones terroristas y que los 4 policías serán acusados por aceptar prebendas, introducir objetos prohibidos en los calabozos del cuerpo de seguridad y participar en la planificación de al menos 3 homicidios.
El fiscal del caso, que pidió el anonimato, señaló que la investigación previa a la redada se prolongó por dos años y que con esta acción están «desarticulando» dos de las principales células de la MS13 en la zona occidental del país, porque se está «cerrando el paso al flujo de dinero que tenían».
Las autoridades sostienen que esta operación es similar a la denominada «Jaque» de 2016, en la que fueron arrestadas más de 70 personas, se incautaron más de 100 vehículos, 34.500 dólares en efectivo, se congelaron 17 inmuebles y 34 cuentas bancarias.
