El Gobierno de España prohibió desde este sábado que las empresas y entidades públicas españolas realicen llamadas comerciales a través de celulares, en virtud de un plan para combatir las estafas por llamadas telefónicas y por mensajería móvil.
La normativa busca prevenir y luchar contra esas llamadas fraudulentas o mensajes de texto en los que se suele pedir al ciudadano que facilite sus claves personales, que acceda a un sitio web, o que llame a un número telefónico para que realicen una transferencia o contrate un servicio.
El incumplimiento de estas medidas, similares a las implantandas en otros países europeos, puede recibir una sanción de hasta 2 millones de euros, según fuentes del Ministerio.
De acuerdo con la ordenanza del del Ministerio de Transformación Digital y Función Pública del país europeo, las compañías de telefonía móvil pueden realizar llamadas comerciales únicamente desde números especialmente atribuidos para ello, o desde un sistema de numeración que identifica la ubicación geográfica de una línea.
Las llamadas comerciales sin consentimiento previo ya estaban prohibidas desde junio de 2023, cuando entró en vigor la modificación de la Ley General de Telecomunicaciones (LGT). Sin embargo, este sábado se dio un paso más, especialmente para dar batalla y prevenir posibles estafas.
Estas medidas forman parte de un plan contra este tipo de estafas, que se incluyó en una orden ministerial que entró en vigor en una primera fase el pasado 7 de marzo. Desde ese día, los operadores fueron obligados a bloquear llamadas y SMS con numeración que no haya sido asignada a ningún usuario ni servicio. El resultado fue el bloqueo de más de 14 millones de llamadas, una media de 235.600 y 10.000 mensajes al día, según anunció el Ministerio español esta semana.
En tanto, a partir de hoy entran en vigor dos nuevas medidas del plan: la prohibición de realizar llamadas comerciales desde móviles y la de efectuar llamadas y SMS de origen internacional, pero que simulan haber sido originadas en un número español para engañar al ciudadano.
Esta medida se fija teniendo en cuenta que las llamadas fraudulentas suelen provenir de países extranjeros, como Países Bajos o Reino Unido, desde donde se simulan llamadas con numeración española.
La última medida del plan es la creación de una base de datos oficial con los códigos alfanuméricos que utilizan las empresas y las administraciones públicas como identificadores en los SMS, con el fin de evitar aquellas comunicaciones en las que se manipule la identidad del emisor.
