El presidente Nayib Bukele sumó a su guerra contra las pandillas un supuesto combate contra la corrupción gubernamental, el propio mandatario durante una reunión de gabinete televisada para efectos de propaganda.

El encuentro con todos los miembros de su Ejecutivo sirvió además para anunciar que se apartará de su cargo por seis meses para seguir con sus planes de competir, a pesar de cientos de denuncias de inconstitucionalidad, en las presidenciales de 2024.

Bukele dijo que le preocupa dejar un mal legado y le pidió al fiscal general Rodolfo Delgado, considerado su «guardia e inquisidor personal» contra la oposición, que investigue a todos sus funcionarios del gobierno.

Sin embargo, el mandatario utilizó su discurso, presentado en cadena nacional de radio y televisión, para mantener la «demonificación» de mandatarios pasados y la «santidad» de su Administración. “Hay unos presidentes fugitivos, pero la mayoría son recordados como ladrones. Entonces, yo no robo porque no quiero ser recordado como el ladrón o el corrupto”, aseguró.

“Pero no voy a ser el presidente que no robó, pero se rodeó de ladrones. Espero que me recuerden como el presidente que no robó y que no dejó que nadie robara. Y el que roba, lo metió a la cárcel. Ya hay un par que están en la cárcel (…) Ya estamos por iniciar la construcción del CECOC, Centro de Confinamiento de la Corrupción. No es broma”, agregó el mandatario.

CECOT y ahora, CECOC

Bukele adelantó que se llamará Centro de Confinamiento de la Corrupción y estará cerca del Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot). El Cecot, una megaprisión inaugurada a principios de 2023 y que, de acuerdo al gobierno salvadoreño, alberga exclusivamente a pandilleros, ha sido descrita como “la más grande de América”. La cárcel, a pesar de tener capacidad para 40 mil presos y que el gobierno ha capturado a unos 80 mil supuestos pandilleros, cuenta apenas con 13 mil inquilinos.

A pesar que el gobierno asegura que son miembros de pandillas o tienen vínculos con ellas, organismos de derechos humanos y de la sociedad civil denuncian detenciones arbitrarias y violación del debido proceso.

Esta es la segunda vez que Bukele habla de una prisión para políticos que cometan delitos. Hizo referencia a ella el pasado 1 de junio cuando le declaró “la guerra a la corrupción”, tras considerar que se trata de un “mal endémico” que, “al igual que las pandillas, tiene tentáculos en todos los niveles del Estado”.

“Así como desplegamos fuerzas de seguridad y acorralamos a los pandilleros hasta llevarlos a la cárcel, así también perseguiremos a los delincuentes de cuello blanco, vengan de donde vengan”, afirmó durante su discurso a la nación al cumplir su cuarto año en el poder.

“También construiremos una cárcel para los corruptos. Incautaremos todo lo que tengan y haremos que devuelvan lo robado”, aseguró.

También dijo que, mientras pronunciaba esas palabras, la Fiscalía General de la República (FGR) ejecutaba el allanamiento y decomiso de todas las propiedades del expresidente Alfredo Cristiani, quien gobernó el país centroamericano entre 1989 y 1994.

Sobre Cristiani pesaban ya una serie de señalamientos por presunta corrupción, pero hasta la fecha ninguna institución ha sido capaz de presentar prueba alguna de dichas acusaciones.

Tres días después, la FGR lo acusó formalmente de haber participado en la matanza de seis sacerdotes jesuitas y sus dos colaboradores perpetrada por un comando de élite del ejército en 1989.

Sin embargo, analistas y miembros de organizaciones de la sociedad civil cuestionaron la nueva “guerra” contra la corrupción de Bukele, asegurando que está siendo utilizada para apresar a rivales políticos del presidente a pocos meses de las elecciones.

Señalamientos contra funcionarios actuales

Los críticos de Bukele denuncian que, aunque llegó al poder en 2019 ondeando la bandera de la lucha contra la corrupción, en el tiempo que lleva al frente del gobierno ha desmontado instituciones que garantizan la transparencia y la contraloría en el país, además de atentar contra el equilibrio de poderes del Estado.

Como ejemplo de esto ponen la destitución en 2021 del fiscal general Raúl Melara. La Asamblea Legislativa, controlada por su partido Nuevas Ideas, lo cesó en mayo de 2021 bajo el argumento de que su independencia e imparcialidad estaban en entredicho, debido a sus supuestos vínculos con el partido opositor ARENA, algo que Melara negó.

Sin embargo, hasta entonces FGR encabezada por Melara también había llevado una investigación criminal contra varios funcionarios del gobierno. Durante meses, los fiscales intervinieron teléfonos, hicieron seguimientos físicos, incautaron de documentos, tomaron fotografías y entrevistaron a testigos.

Las indagaciones no estaban enfocadas solo en presuntas negociaciones con pandillas, sino también con supuestas compras irregulares durante la pandemia vinculadas con los ministerios de Salud y Agricultura.

Tras la destitución de Melara, la investigación bautizada como “Catedral” quedó en manos de Rodolfo Delgado, el nuevo fiscal general nombrado por la Asamblea controlada por el oficialismo, quien las «engavetó» y ha ignorado durante dos años y medio.

Los informes iniciales sobre los sobrecostos durante la pandemia habían sido compilados por el entonces principal organismo anticorrupción de Bukele, la Comisión Internacional Contra la Impunidad en El Salvador (Cicies).

Sin embargo, en junio de 2021 Bukele anunció la ruptura de su acuerdo con la Organización de Estados Americanos (OEA) para la existencia de la Cicies, argumentado que no se podía confiar en ese organismo, pues había contratado como asesor a un exalcalde de San Salvador que estaba siendo investigado.

“Hemos decidido que vamos a romper nuestro convenio con la Cicies porque es un despropósito que intentemos combatir la impunidad con precisamente las personas que están promoviendo la impunidad en El Salvador”, dijo el mandatario en una rueda de prensa el 5 de junio 2021.

Asimismo, en lo que va de su administración más de una docena de funcionarios de su gobierno han sido señalados por presuntos actos de corrupción por parte del Departamento de Estado de Estados Unidos, incluido su secretario de prensa, su secretario jurídico, el ministro de Trabajo, uno de sus exministros de Agricultura y su exministro de Justicia.

En julio de 2021 EE.UU. incluyó a la jefa de gabinete Carolina Recinos en la lista Engel, que contiene los nombres de funcionarios centroamericanos sospechosos de corrupción o de socavar la democracia.

El informe acusa a la Recinos de haber incurrido en una “corrupción significativa mediante la malversación de fondos públicos para beneficio personal” y afirma que también participó en un esquema de lavado de dinero.

El pasado junio, el Tribunal de Ética Gubernamental (TEG) le ordenó a Recinos el reintegro de US$25.000 y la multó con US$2.300 por la “infracción al deber ético” en la gestión de fondos destinados a becas.

Por otra parte, la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (Wola, por sus siglas en inglés) y otros organismos han denunciado que durante el régimen de excepción que sigue en vigor en El Salvador “se han eliminado controles legales sobre procesos administrativos para el uso de fondos públicos y contrataciones del Estado, así como el derecho al acceso a la información pública”.

Quizá para acallar esos señalamientos, Bukele anunció que aunque esté por apartarse del cargo, se va a “incrementar la fiscalización sobre el quehacer del gobierno y de sus carteras”.

“De aquí solo van dos a la reelección, no es que si el presidente va, vamos todos. Si los que vamos a la reelección somos nosotros dos (él y el actual vicepresidente Félix Ulloa). Todos los demás no van a reelección, nadie va a votar por ustedes (…) Los que continúen será porque han sido sobresalientes en sus cargos”, dijo durante la reunión del gabinete.

Y se dirigió después al fiscal general: “Quiero pedirle en público que investiguemos a todos los que están acá, hacia atrás y hacia adelante”.

Con informes de BBC y Agencia Digital de Noticias -ADN-