La captura de cerca de 30 mil pandilleros que aún se encuentran libres en el país alargará más la vigencia del régimen de excepción, estiman hoy analistas políticos en El Salvador
El ministro de la Defensa, José Merino Monroy, declaró que aún falta esa cifra de integrantes de las llamadas maras por ser apresados, que sumados a los 65,000 ya capturados darían por total la existencia de al menos 95,000 delincuentes pandilleros que explotaban a los salvadoreños antes del régimen de excepción.
El presidente Nayib Bukele, su gabinete de Seguridad y el presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, señalan frecuentemente que el régimen de excepción será aprobado las veces necesarias para llevar tras las rejas al último pandillero.
Merino expllcó la víspera que durante el régimen de excepción se capturaron a más de 64 mil integrantes de esos grupos, quienes, según una normativa aprobada por el Legislativo, también son calificados de terroristas.
En el total de detenidos y procesados pudo comprobarse, de acuerdo con el titular de Defensa, que a muchos hasta se les pagaba un sueldo para cometer diversas fechorías como extorsión y asesinatos.
Pese a que la política oficial tiene un sólido respaldo de la población salvadoreña, recibe críticas de organizaciones que denuncian violaciones de derechos humanos en las capturas masivas por la Policía y la Fuerza Armada, por abusos y trato barbárico a los capturados.
Las autoridades reconocen un porcentaje de error en las capturas y y ya han liberado más de cinco mil personas, mientras otros esperan ser procesados para probar que no colaboran o forman parte de las bandas delincuenciales.
Según Merino, entre el 95 y el 97 por ciento de los encarcelados ya enfrentaron un primer proceso judicial, y se mantienen las averiguaciones para calificar su culpabilidad o inocencia.
Actualidad El Salvador registra una tasa de homicidios de 1.8 por cada 100 mil habitantes, un reconocido y replicado triunfo de la Administración Bukele.
El ministro de la Defensa precisó que los dos mil trasladados al “bunker” prisión conocido como Centro de Confinamiento de Terrorismo (Cecot) en el oriente del país, son pandilleros ya declarados culpables de delitos de alta peligrosidad.
