La Asamblea Legislativa aprobó el miércoles una sexta prórroga por 30 días de un régimen de excepción para combatir a las pandillas, y con el que se ha detenido a poco más de 52,000 presuntos pandilleros.
El régimen de excepción se prolonga «en todo el territorio nacional por el término de 30 días», señaló el decreto aprobado con los votos de 65 diputados, serviles o aliados del gobierno del presidente Nayib Bukele.
«Es necesario arrancar de raíz todo lo que le ha hecho mal a nuestro país», señaló el presidente del Congreso, Ernesto Castro, previo a someter a votación la medida solicitada por el gobierno.
El régimen de excepción también suspende la libertad de asociación, el derecho a la defensa que tiene un procesado, extiende el plazo de detención preventiva de 3 a 15 días y faculta la intervención de las comunicaciones.
El régimen de excepción ha sido constantemente criticado y desaprobado por organizaciones defensoras de derechos humanos, por considerar que la medida representa un mecanismo para irrespetar derechos de los detenidos.
La subdirectora para las Américas de Human Rights Watch (HRW), Tamara Taraciuk, publicó el martes en su cuenta de Twitter que el régimen de excepción «ha resultado ser un desastre en materia de Derechos Humanos».
Para la representante de HRW, El Salvador es un país donde «cualquiera está expuesto a sufrir abusos» debido a ese régimen.
Antes de la «guerra» emprendida por el gobierno contra las pandillas, había unos 16 mil de sus miembros encarcelados y se calcula que unos 5 mil pandilleros han huido de El Salvador hacia Guatemala, Honduras, México y los Estados Unidos, lo que, de acuerdo a cifras oficiales, sumado a los 52 mil nuevos detenidos hacen un total de 76 mil pandilleros desactivados, de un supuesto universo de pandilleros reconocido por Naciones Unidas y países cooperantes de 72 mil pandilleros, lo que indica ya no hay más pandilleros por perseguir en El Salvador.
