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Asamblea Legislativa reorientó más de $10 millones para que el Estado redoble su control de las telecomunicaciones

Diez millones de dólares, fueron reorientados de la Ley de Presupuesto 2022, con dispensa de trámite en el contexto del régimen de excepción vigente en el país

El Salvador, bajo la justificación de combatir a las bandas delincuenciales, aprobó una ley de intervención a las telecomunicaciones que dota al Ministerio Público (MP) de los recursos económicos para «una plataforma tecnológica de vanguardia» para el Centro de Intervención de las Telecomunicaciones.

La medida aprobada, con 66 votos a favor y 16 en contra, con dispensa de trámite en el marco del régimen de excepción, modificó la Ley de Presupuesto 2022 para redireccionar 14 millones de dólares al MP.

Unos 10,9 millones de ese dinero serán para la adquisición de «una plataforma tecnológica de vanguardia» que será usada en el Centro de Intervención de las Telecomunicaciones de la cartera de estado.

Rodolfo Delgado, fiscal general de la República, publicó en su cuenta de Twitter que la reorientación de los fondos dará a la entidad que representa “la capacidad de potenciar el trabajo fiscal y continuar defendiendo los intereses del Estado Salvadoreño”.

Sin embargo, organismos defensores de derechos humanos y de la libertad de expresión temen que la medida “no solo sea para combatir la delincuencia sino como un arma de espionaje político e intimidación… esta nueva adquisición podría suponer una nueva amenaza para los derechos de libre expresión”, citó la Fundación Democracia, Transparencia y Justicia (DTJ).

Anteriormente Amnistía Internacional, que colaboró con Citizen Lab en la investigación del espionaje a un grupo de periodistas y defensores de derechos humanos en El Salvador, dijo a la Voz de América que las intervenciones no hacen más que develar “una nueva amenaza para los derechos humanos” en el país.

Mientras que la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en inglés) ha denunciado que, bajo la excusa de un régimen de excepción, El Salvador ha suspendido garantías que la Corte Interamericana de Derechos Humanos señala como derechos que “no pueden ser suspendidos” y “permite la intervención de comunicaciones privadas sin necesidad de una orden judicial”.

“Dados los antecedentes sobre denuncias de espionaje ilegal hacia periodistas en el país, este extremo supone otra grave amenaza a la libertad de prensa y a los derechos humanos”, señaló el organismo en un comunicado de prensa.

Se prolonga el estado de excepción

El Congreso de El Salvador extendió el miércoles por un mes más el estado de emergencia aprobado el 27 de marzo para contener la violencia de las pandillas.

El nuevo decreto de ley, adoptado a pedido del presidente Nayib Bukele, señala que la prórroga de este régimen excepcional a partir del 25 de mayo se hace necesaria “por la persistencia de una ola de inseguridad”, pese a la detención de miles de presuntos integrantes de estas bandas.

En su último informe, según el ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, ya han sido detenidas más de 35.000 presuntos pandilleros. Unos 16.000 más ya estaban en la cárcel, lo que hace un total de 51.000 presuntos pandilleros de un estimado de 70.000.

El estado de emergencia ya se había prorrogado por primera vez el 26 de abril. Esta medida también restringe la libertad de asociación y los derechos de defensa, amplía el período de detención durante la investigación y permite la interceptación de comunicaciones.

Con información de VOA y Efe

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