Editorial

A dos años que Bukele llegó a la Asamblea Legislativa acompañado de soldados armados y policías

Hace dos años desde el presidente Nayib Bukele ingresó con policías y soldados armados con fusiles de asalto a la Asamblea Legislativa, una acción que fue catalogada como «intento de golpe de Estado» en El Salvador y que ha traído «graves efectos» para el país.

Bukele entró el 9 de febrero de 2020 en el recinto legislativo custodiado por policías y soldados para, según reconoció después, presionar a los parlamentarios de ese momento, que eran en ese mononto mayoría en oposición, para la aprobación de un millonario préstamo que se le antojaba para un plan gubernamental de seguridad que nadie conocía.

La llegada al Pleno Legislativo fue una payasada muy bien lograda, las huestes favorables, o contratadas por Bukele, le dieron un último empujón para lograr una abrasante mayoría en las elecciones de febrero de 2021 y así, sin mayor pena, pero con mucha gloria, se copiaron todos los poderes del Estado bajo el mando único de un Kaiser del siglo XXI, Nayib Bukele I.

Ya con todo el poder bajo su férrea y «digital» mano, el préstamo fue aprobado finalmente el 12 de mayo de 2021 por la nueva legislatura, dominada por el oficialismo, la cual también destituyó, en su primera sesión plenaria el 1 de mayo de ese año, a los magistrados de la Sala de lo Constitucional y al fiscal general.

Nadie en su sano juicio podría defender a la pasada Sala de lo Constitucional, mucho menos a un fiscal general que fue tibio y que quizo servir a dos amos, haciendo de su gestión un desperdicio de recursos al perseguir casos «prefabricados» y carentes de sustento jurídico.

Sin embargo, la acción del presidente Bukele ese 9 de febrero, ha dejado «graves efectos» que «mantienen a El Salvador con una imagen negativa a nivel internacional» en lo político y que trascienden a lo económico.

La oposición da un discurso condenatorio, según esta, fue la primer señal de un «proceso de regresión autoritaria en el que Bukele y su grupo iba a sumir el país en los próximos años», en las palabras de Jeannette Aguilar, férrea enemiga del gobierno de Bukele, quien asegura que después este evento «se consuma con el golpe de Estado al órgano Judicial el 1 de mayo», con la destitución de los magistrados del Supremo y «a partir del cual ha habido un acelerado proceso de deterioro democrático en el país».

Esta oposición «destructiva y desestabilizadora» asegura que con el 9F, 2020, «se ha hecho un desmantelamiento de las instituciones por la vía ilegal e ilegitima pero también por la vía de amenazas, el sometiendo, el control».

Lo que no explica esta «oposición», es que las acciones perpetradas por Bukele, si bien son repudiables al romper el orden legal del país, eran la única vía para lograr una «gobernabilidad» que permitiera la ejecución de un nuevo gobierno y que, de otra manera no se podría haber realizado cambios en la forma de gobierno «per se».

Errores?, muchos, quizá demasiados. Ausencia de rendición de cuentas?, absoluta. Y sin embargo también hubo buenas decisiones, por ejemplo, el manejo de la pandemia; mejor, no se puede.

Quizá los mayores desaciertos han sido en el aspecto económico. El gasto por encima de todo, un gasto sin control, sin supervisión alguna, sin transparencia, sin importar el futuro.

Antes del 9F el perfil de riesgo de El Salvador estaba en 3,87 puntos en el Indicador de Bonos de Mercados Emergentes (EMBI).

Eso significaba que si en esos momentos el país salía a emitir bonos a los mercados internacionales la tasa de interés que hubiera pagado hubiera sido de un 6 % o 7 %, buenas condiciones», en la actualidad, el EMBI está en 15,43 puntos, lo que significa que «si El Salvador saliera a emitir bonos, en el caso que alguien (inversionistas) le quiera prestar, la tasa de interés sería arriba de 18 % o 19 %».

Según el economista Ricardo Castaneda, del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), el «efecto más grave» tras el 9 de febrero fue «el incremento extraordinario del perfil de riesgo» de país.

Comentó que «cuando llega el presidente Bukele a la Presidencia se generaron muy buenas expectativas, se colocaba a El Salvador como un país muy atractivo para invertir y adicionalmente el perfil de riesgo se notaba que iba a la baja».

No obstante, apuntó que «a partir del 9 de febrero se da un punto de inflexión porque se encienden las alarmas, especialmente a nivel internacional, sobre lo que realmente iba ser la forma de gobernar del presidente».

«El 9 de febrero se encienden unas luces que conforme han ido pasando los día se ha ido confirmando que son luces rojas. Luces rojas que traen graves implicaciones al país», agregó.

Pero…………

No todo es malo, la oposición ataca y discute cualesquiera sean las acciones del gobierno, pero se abstiene de alabar las buenas decisiones.

Es innegable que, frente a las críticas y preocupaciones de organizaciones internacionales y algunas salvadoreñas, Bukele sigue contando con el apoyo aplastante de la mayoría de la población. 

Según diferentes encuestas, la población aprueba el trabajo hecho por Bukele durante su primera mitad de gobierno. Un gran porcentaje suscribe su gestión frente a la pandemia del coronavirus.

Asimismo, los proyectos de inversión pública durante los próximos dos años podrían presentar un estímulo para el crecimiento del PIB salvadoreño.

Por otra parte, Bukele es cuestionado fuera del país, pero la realidad que viven a diario los salvadoreños no es la misma que la que hay fuera de las fronteras.

El Salvador salió de un gobierno con un repunte durísimo de homicidios, y de pronto pasan a un mandatario de mano dura, simpático y guapo, según él, mediático, con una estrategia de marketing político y que le baja a los homicidios.Ahí está la clave del apoyo en El Salvador. A pesar que este logro sea posiblemente producto de una «tregua velada», como lo aseguran sus detractores, el gobierno de los Estados Unidos y la comunidad europea.

Bukele, además, sigue aprovechando un descontento social con anteriores gobiernos para destacar de él una imagen de posición de fuerza y un «discurso populista» de estar representando los intereses del pueblo. Bukele se ha mantiene en una especie de campaña electoral perpetua.

En el aspecto económico, el Bitcoin es el punto de mayor discusión a nivel interno e internacional.

Desde que la criptomoneda Bitcoin se volvió ampliamente conocida, ha tenido un gran éxito en varios sectores, especialmente en los casinos nuevos online y otras industrias donde las transacciones rápidas son de gran importancia. 

En septiembre del año pasado, El Salvador fue el primer país en inculcar una criptomoneda como un medio de pago oficial. También hubo grandes planes para construir una nueva ciudad llamada «Bitcoin City», donde Bitcoin será el único medio de pago disponible. 

El presidente comercializó su idea como una forma de ayudar a los pobres del país. Para atraer a la población a cambiar su dinero por bitcoins, distribuyó 30 dólares a todos los que descargaron la aplicación del Gobierno para Bitcoin. 

También presentó su plan para construir la nueva ciudad Bitcoin City, cerca al volcán Conchagua. Según el plan, la energía geométrica del volcán ayudará a la excavación de nuevos bitcoins y también proporcionará energía a la ciudad. Sin embargo, todavía los planes no se han hecho reales y tampoco hay un plan técnico para el proyecto.

Según las encuestas, una gran parte de la población piensa que la introducción de Bitcoin fue una mala idea, y la mayoría de la gente continúa comerciando con sus dólares estadounidenses. Queda por ver qué sucederá con los planes para una nueva ciudad de Bitcoin.

De otra manera, El Salvador, liderado por Bukele parece dirigirse directo al impago de su deuda, y como se ven las cosas, el país podría obtener el dinero necesario para salir de sus problemas de endeudamiento nacionalizando los fondos de pensiones.

El Fondo Monetario Internacional ha advertido en varias ocasiones al país del peligro del Bitcoin en la estabilidad e integridad financiera y la protección del consumidor. Fitch también alertó de riesgos, como la posibilidad de infringir leyes contra el blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. E incluso El Banco Mundial cuestionó la viabilidad de los criptoactivos como medio de intercambio generalizado entre la población, dada la inestabilidad de sus precios. Una que puede a su vez provocar grandes fluctuaciones en los costes de bienes y servicios para los salvadoreños.

El gobierno de Bukele, por el momento, sigue viendo una vía de escape en el Bitcoin. Sabe que debe afrontar una deuda millonaria, que hoy en día no puede hacer frente. Bukele sigue obcecado en su idea de que Bitcoin puede relanzar la economía salvadoreña, aunque de momento no lo está consiguiendo, el futuro le dará o no la razón.

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